El número diez de la revista Transfretana cuya presentación se anuncia, nace, como los anteriores de esta nueva época, con la vocación de aportar propuestas y reflexiones que ayuden a la solución de problemas y preocupaciones que a nuestra ciudad afectan. En este número se aborda el estudio en profundidad de la situación del urbanismo ceutí, tratando de promover un enriquecedor debate sobre posibles soluciones y alumbrar propuestas constructivas que permitan orientar la futura legislación urbanística de Ceuta y Melilla, superando los problemas y el vacío legal que atenaza el desarrollo urbano de ambas ciudades.

Se trata de la grave cuestión, por sus múltiples consecuencias, de que la Ciudad carezca de una Ley del Suelo que permita su desarrollo y mejor utilización, como todas las Comunidades Autónomas lo tienen para proteger el adecuado desarrollo de sus planeamientos urbanos. De estas circunstancias resulta que, siendo competencia del Estado aprobar una ley para las dos ciudades y habiéndose comprometido a ello, ha pasado el tiempo sin que tal aprobación se haya realizado. En la actualidad Ceuta y Melilla se ven obligadas a operar bajo una legislación preconstitucional, que no permite abordar los complejos problemas urbanísticos y arquitectónicos de estos territorios.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 declaró inconstitucionales y nulos todos los preceptos aprobados por el Estado con eficacia supletoria por el Real Decreto Legislativo 1/1992, que aprobaba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, quedando anulados 230 artículos, una disposición adicional y cuatro transitorias, de los 310 artículos que dicha norma contenía, especialmente aquellos que constituían lo esencial de la materia sobre ordenación del suelo y urbanismo, que había pasado a ser competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

Tras la STC todas las Comunidades Autónomas aprobaron sus respectivas leyes del suelo, estableciendo como leyes propias el esencial y necesario contenido para ordenar el territorio y el urbanismo como materia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Pero dicha sentencia había olvidado que la norma anulada era directamente aplicable en Ceuta y Melilla, por carecer dichas ciudades de potestad legislativa para aprobar esta normativa y que, por su incidencia constante en derechos fundamentales era materia reservada a la ley y no podía adoptarse por la potestad normativa reglamentaria atribuida a la ciudad. De manera que la situación provocada supuso que en todo el Estado la materia se modernizara a través de la legislación autonómica, mientras que en Ceuta y Melilla se tuvo que retroceder en el tiempo y arreglarse con una normativa preconstitucional de dudosa aplicación.

En consecuencia, la situación en la que Ceuta está sumergida consiste en un vacío legislativo o agujero negro, en el que ni siquiera el Ejecutivo estatal puede abordar situaciones para cuyo desarrollo se requiere la existencia de una ley estatal. Así se ha puesto de manifiesto en la reciente aprobación del PGOU para Ceuta y en la miseria legislativa que también ha impedido la aprobación de un Reglamento de medidas urgentes sobre Disciplina Urbanística, en la actualidad completamente necesario. Lo que demuestra también la impotencia de la Ciudad para ejercer su potestad normativa reglamentaria.

Puestos de manifiesto estos perjuicios, el IEC, a través de sus secciones de Arquitectura y Artes Plásticas y de Ciencias Sociales, propusieron analizar la situación en las Jornadas de Arquitectura celebradas en octubre de 2024, llegando a la conclusión de que era necesario materializar una reclamación. De ahí surgió el acuerdo entre el Colegio Oficial de Arquitectos, la Confederación de Empresarios y las asociaciones de constructores y promotores inmobiliarios, el Colegio de la Abogacía y las mencionadas secciones del IEC, por el que formularon una petición formal a los Órganos Institucionales de la Ciudad para que asumieran la decisión de reclamar la aprobación prometida de una Ley del Suelo para Ceuta y Melilla, o bien, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, iniciar o articular un proceso legal para su aprobación.

Comprometidos con estos acuerdos, este número de la revista TRANSFRETANA pretende aportar los estudios necesarios para comprender y reclamar la solución al grave problema planteado por la carencia de una Ley del Suelo para Ceuta.