Nuestro actual poder legislativo, en la línea que nos marca el proceder general del tipo que preside el Gobierno de nuestro país, hace habitualmente su trabajo con trampas.

La conocida aversión  de Pedro Sánchez a decir la verdad (uno llega a pensar que es de nacimiento) y puesta de manifiesto en infinidad de declaraciones públicas recogidas por las hemerotecas, la traslada también a la producción legislativa promovida por su turbulento y monstruoso gabinete.

No hace mucho hubo quien calificó la actividad parlamentaria del Gobierno actual como propaganda legislativa. Toda la producción legislativa promovida por el ejecutivo de Sánchez presenta una deplorable calidad técnica, destacando su abuso del decreto-ley (un procedimiento excepcional pensado para casos de urgencia, que se ha convertido en el modo legislativo habitual), y todo para conseguir dos fines típicos del sanchismo : por un lado, evitar cualquier control previo, y por otro, eludir la posterior discusión parlamentaria.

Pedro Sánchez utiliza las Cortes como si fuera un autócrata, despreciando olímpicamente cualquier atisbo de respeto al principio democrático de la separación de poderes. Otra de las características de las leyes del Gobierno Sánchez ha sido el abuso de los preámbulos y las exposiciones de motivos, que en algunas disposiciones legales han llegado a ocupar el 73% del total del texto publicado en el BOE, y más que exposiciones de motivos son farragosos textos que los podríamos catalogar de exposiciones de deseos, conteniendo desde afirmaciones prescindibles o inapropiadas hasta auténticas perogrulladas, e incluso críticas políticas a la oposición, cuando en la mayoría de los regímenes democráticos esos textos introductorios sólo se publican en los diarios de sesiones o en los boletines del Parlamento para facilitar las discusiones parlamentarias, pero nunca en el texto definitivo de la Ley.