El Gobierno de Ceuta, a través de su portavoz Alejandro Ramírez (PP), ha defendido la aplicación del decreto ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para permitir el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas cuando una de ellas se encuentre sobreocupada. A diferencia de seis comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han anunciado recursos de inconstitucionalidad contra la norma, el Ejecutivo ceutí considera que “no es recomendable” recurrir un decreto que afecta a un asunto “sensible e importante”.

Ramírez ha insistido en que “la ley está para cumplirse, salvo que una sentencia diga lo contrario”, y ha recordado que la Fiscalía será la encargada de velar por el cumplimiento de los preceptos legales. En este sentido, ha señalado que el desarrollo reglamentario del decreto debe alinearse con esas exigencias legales.

Desde el inicio de esta crisis, Ceuta ha reclamado al resto de territorios comprensión y solidaridad, subrayando la situación límite en la que se encuentra el sistema de protección de menores de la ciudad. Actualmente, la sobreocupación supera el 400% y ya se ha agotado el 75% de los recursos de emergencia disponibles. Por ello, Ramírez ha reiterado la necesidad urgente de aplicar el decreto, con el objetivo de que el reparto se materialice “antes del verano”.

El presidente ceutí, Juan Vivas (PP), ha mantenido contactos con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras la aprobación de la nueva normativa, que introduce por primera vez mecanismos de solidaridad obligatoria entre autonomías ante la saturación en la atención a menores migrantes.

Respecto a la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud prevista para el 28 de abril, en la que se abordarán los criterios de aplicación del decreto, Ramírez ha desmentido que vaya a celebrarse en Ceuta, pese a lo anunciado por la ministra Rego. Según ha explicado, el Ejecutivo local no ha recibido confirmación oficial del Gobierno central.