Diferentes entidades de derechos humanos han denunciado nuevos casos de vulneración del derecho al asilo y la denegación de entrada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a personas de nacionalidad marroquí en Melilla y Ceuta. Según estas organizaciones, la situación representa una grave discriminación por nacionalidad y un obstáculo adicional para el ejercicio de derechos fundamentales en la Frontera Sur.

A fecha de 2 de abril de 2025, al menos nueve ciudadanos marroquíes permanecen en situación de calle tras haber entrado a nado en Melilla y ver denegado su acceso al CETI. Esta denegación se basa en criterios de acogida que excluyen a personas de nacionalidad marroquí del programa de atención humanitaria. A ello se suman cambios recientes en el sistema de citas para la solicitud de protección internacional, lo que dificulta aún más el acceso a este derecho.

Las organizaciones firmantes denuncian la discriminación por nacionalidad en los criterios de admisión al CETI y la falta de transparencia en estos procesos. Además, critican la imposición de requisitos adicionales a los marroquíes, como la obligación de acreditar su condición de solicitantes de protección internacional para poder acceder al centro. Esta práctica, según las entidades, vulnera el derecho a la atención humanitaria previsto en la normativa aplicable.

Las denuncias también se centran en la obstaculización del derecho a solicitar asilo. En Melilla y Ceuta no se está expidiendo el resguardo que acredita la solicitud de protección internacional, lo que genera inseguridad jurídica e indefensión. En su lugar, los afectados son remitidos a un sistema telemático que presenta numerosas barreras: solo se accede mediante un código QR, la plataforma está disponible exclusivamente en español y, según los afectados, las citas aparecen constantemente agotadas.

Las entidades también denuncian que las personas que intentan acceder al CETI han sido remitidas reiteradamente a la oficina de asilo, aun cuando esta se encontraba cerrada. Asimismo, indican que la seguridad privada del centro impide el contacto con el personal de administración y redirige a los migrantes al puesto fronterizo de Beni Ensar y El Tarajal, donde nuevamente se les insta a gestionar una cita telemática inoperativa.

Ante esta situación, las entidades han interpuesto quejas ante la Defensoría del Pueblo y exigen transparencia respecto a los acuerdos entre España y Marruecos que podrían estar condicionando el acceso a los derechos de estas personas. Según estas organizaciones, la vulneración de derechos en las fronteras del Estado español responde a un marco de racismo estructural y falta de garantías en los procedimientos de gestión migratoria.

Entre las entidades firmantes de la denuncia se encuentran Algeciras Acoge, Amnistía Internacional España, APDHA, No Name Kitchen, Red Acoge, Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, entre otras.