El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley para restablecer las bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, una propuesta impulsada por el Partido Popular. La medida ha contado con el respaldo de UPN, Coalición Canaria y Vox, mientras que PSOE, PNV y Junts se abstuvieron, y Sumar, Podemos y ERC votaron en contra.

Desde el PP en Ceuta han insistido en la importancia de agilizar la tramintación de esta ley para garantizar la competitividad y el empleo de ambas ciudades autónomas. La diputada melillense Sofía Acedo ha criticado duramente al PSOE por intentar minimizar el impacto de la eliminación de estas bonificaciones, una medida que, según ella, "ha perjudicado gravemente a la economía local".

El PP sostiene que la eliminación del sistema de bonificaciones en 2023, que sustituyó el descuento del 50% por una cantidad fija de 262 euros, ha generado incertidumbre y dificultades para las empresas. Además, consideran inaceptable que las bonificaciones actuales estén limitadas hasta 2026, pudiendo provocar una futura crisis económica en Ceuta y Melilla.

El diputado Javier Celaya ha subrayado que la reforma impuesta por el Gobierno afecta de manera negativa a los sectores con alta temporalidad, como el comercio y los servicios. Además, ha criticado la falta de información sobre la situación de los contratos firmados entre septiembre de 2023 y noviembre de 2024, periodo en el que se aplicó un modelo intermedio de bonificaciones.

El debate parlamentaria ha hecho visible una división clara entre los grupos políticos, donde Vox ha exigido que todas las modalidades de contrato sean bonificadas y ha acusado al sistema actual de generar inseguridad jurídica. La formación también ha criticado que las subvenciones dependan de la capacidad presupuestaria del Estado, obligando a las empresas a adelantar fondos sin garantía de recuperación.

Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, ha llamado al consenso para restablecer la bonificción del 50%, destacando que la eliminación de este beneficio ha sido perjudicial para la economía local. Bravo ha insistido en que la decisión del Gobierno de modificar el sistema responde a intereses políticos y no a criterios técnicos o económicos.

Ahora, la Proposición de Ley deberá continuar su tramitación en el Congreso y, posteriormente, en el Senado. Si se aprueba defintivamente, representará un alivio para el tejido empresarial de Ceuta y Melilla, que ha visto cómo la eliminación de las bonificaciones ha afectado gravemente a su competitividad y sostenibilidad.