El Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta (COACE), en colaboración con el Instituto de Estudios Ceutíes, el Ilustre Colegio de Abogacía de Ceuta, la Confederación de Empresarios de Ceuta y las asociaciones de constructores y promotores inmobiliarios, ha presentado una petición formal al Gobierno de Ceuta para instar al Gobierno de España a desarrollar y aprobar una Ley del Suelo específica para Ceuta y Melilla.

La solicitud ha sido presentada mediante el Derecho de Petición, conforme a la Ley 4/2001, de 12 de noviembre. A través de este mecanismo, se insta al Gobierno autonómico a requerir al Ejecutivo nacional y a las Cortes Generales que legislen sobre la materia.

Durante la Semana de la Arquitectura 2024, organizada por COACE y el Instituto de Estudios Ceutíes, se recordó que Ceuta y Melilla son los únicos territorios de España sin potestad legislativa en urbanismo. Actualmente, ambas ciudades operan bajo la normativa del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, una regulación preconstitucional que limita la capacidad de abordar los retos urbanísticos y arquitectónicos de estas ciudades autónomas. En 2021, estas mismas instituciones ya se pronunciaron sobre esta problemática, sin que hasta la fecha haya habido una respuesta de las Cortes Generales.

La petición cuenta con el respaldo unánime de los arquitectos de Ceuta, quienes aprobaron su presentación en la última Asamblea General Ordinaria. Su objetivo es reactivar la demanda y lograr que el Gobierno central elabore una Ley de Ordenación Integral del Territorio y Urbanismo para Ceuta.

A nivel nacional, el COACE ha trabajado junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla para evidenciar la urgencia de esta iniciativa. Asimismo, con el apoyo del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), se ha solicitado a esta entidad que informe directamente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre la situación.

La promulgación de una ley específica para Ceuta y Melilla es clave para su desarrollo urbanístico y económico, ya que permitiría una planificación moderna y sostenible, adaptada a las necesidades locales. La solicitud ha sido presentada con la esperanza de obtener el respaldo institucional necesario para que el Congreso de los Diputados atienda esta demanda histórica.