Los veterinarios con actividad clínica de nuestra ciudad autónoma convocan a todos los centros sanitarios veterinarios de Ceuta para que cierren simbólicamente sus puertas el próximo martes 11 de febrero, como protesta de la implementación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios; por considerarlas "excesivas, innecesarias y atentatorias contra la dignidad profesional veterinaria". Una iniciativa que ha sido apoyada por el Colegio de Veterinarios de Ceuta. 

Si bien, están siendo otras muchas entidades veterinarias de todo el territorio español las que están anunciando su apoyo a movilizarse. De esta forma, la patronal veterinaria de Aragón, la patronal veterinaria de Galicia y la patronal veterinaria de Sevilla han anunciado su apoyo pero no confirman que hagan el cierre el día 11, y la patronal veterinaria de Málaga, la patronal veterinaria de Cádiz, la Asociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía y la Asociación Cordobesa de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía sí han anunciado que se unirán a los actos del próximo 11 de febrero. 

Estas entidades están llamando a sus socios dueños de centros veterinarios a cerrar simbólicamente sus centros sanitarios veterinarios. 

Según cuentan, "se esperan que en las próximas horas un reguero de entidades se vayan sumando y creando sus propias acciones para el día 11 de febrero a las 11:00h". 

Reclamaciones de los veterinarios

Los veterinarios reclaman al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con el fin de que se permita que los clientes de los Centros Sanitarios Veterinarios puedan recibir en el momento los medicamentos que precisen para completar los tratamientos de sus animales, de modo que se eviten demoras, se prevengan las automedicaciones y se luche más eficazmente contra las resistencias a los antibióticos". 

Además, solicitan "la derogación de la obligación de la comunicación de la prescripción y el uso de antibióticos en los animales de compañía, ya que esta información se viene recogiendo por el sistema ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) desde el año pasado, de modo que se eliminen cargas administrativas innecesarias que impliquen un encarecimiento de los servicios veterinarios".