La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que convocará una jornada de huelga en la Administración General del Estado, en el sector educativo y en Correos, si el Gobierno y las aseguradoras no alcanzan un acuerdo que garantice la continuidad y viabilidad de Muface antes del 27 de enero, fecha en la que finaliza el plazo para la presentación de ofertas al concierto mutualista.

El sindicato más representativo en las administraciones públicas asegura que, en caso de que la licitación quede desierta, la huelga se convocará durante la primera quincena de febrero y afectará a todos los ámbitos con personal afectado por la crisis en Muface: centros educativos públicos, ministerios, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno y Correos. Para sensibilizar a los trabajadores, delegados sindicales de CSIF iniciarán en los próximos días una campaña informativa en los centros de trabajo.

La situación de incertidumbre en Muface ha llevado a CSIF a pasar de las manifestaciones a acciones más contundentes. Tras la concentración del 14 de diciembre, en la que más de 50.000 funcionarios de toda España se manifestaron frente a la sede de Muface, el sindicato exige una solución inmediata para garantizar el acceso de los funcionarios y sus familias a una atención sanitaria de calidad.

CSIF ha intensificado la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos, solicitando responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Además, el sindicato denuncia la actitud contradictoria de otras organizaciones sindicales que, por un lado, reclaman una solución y, por otro, promueven el abandono del concierto sanitario por parte de los mutualistas.

El sindicato también está recibiendo numerosas quejas de mutualistas por la desatención sanitaria, incluyendo problemas con las aseguradoras que deniegan citas, pruebas diagnósticas y hasta intervenciones quirúrgicas. CSIF asesora a sus afiliados para que interpongan quejas formales y les ofrece apoyo en las acciones legales correspondientes, incluyendo la posible responsabilidad administrativa, civil y penal.

Además, el sindicato ha tramitado quejas ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Europea, buscando una resolución a esta crisis sanitaria que afecta a miles de familias de funcionarios.