Una Proposición de Ley aprobada hace seis meses en el Senado para permitir la jubilación a los 59 años de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional sin pérdida de poder adquisitivo sigue bloqueada en el Congreso.

El PSOE ha solicitado 15 ampliaciones de plazo para impedir su avance en los últimos tres meses, retrasando una medida largamente reclamada por los cuerpos nacionales de seguridad.

Diferencias con los policías autonómicos

Mientras tanto, el Gobierno ha reservado 80 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para financiar las jubilaciones anticipadas de los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral, quienes ya disfrutan de este beneficio. Esta decisión ha generado controversia, ya que tanto el País Vasco como Navarra disponen de haciendas propias para gestionar sus recursos.

La desigualdad se refleja especialmente en Cataluña, donde un guardia civil jubilado percibe hasta 12.000 euros menos al año que un agente de los Mossos, alimentando la frustración entre los agentes nacionales, que perciben el retraso como un gesto de desprecio por parte del Ejecutivo.

Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ha calificado la paralización de la ley como una “estrategia política” que usa los derechos laborales de los agentes como moneda de cambio en las negociaciones con otras fuerzas políticas.

Movilización en Madrid

La indignación entre los agentes nacionales quedó patente en una manifestación celebrada en Madrid, donde unas 40.000 personas exigieron la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y reclamaron tanto la equiparación salarial con las policías autonómicas como una jubilación digna.

Contexto político

El PSOE ya votó en contra de esta iniciativa en el Senado, y su decisión de financiar las jubilaciones anticipadas de las policías autonómicas responde, según varias fuentes, a acuerdos alcanzados con socios independentistas necesarios para la aprobación de los Presupuestos Generales.

La situación actual no solo evidencia las desigualdades entre los cuerpos de seguridad, sino que también apunta a la influencia de los pactos políticos en la toma de decisiones que afectan directamente a miles de agentes nacionales.