El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia favorable para la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) al estimar el recurso contencioso-administrativo presentado contra el nombramiento de un General de la Guardia Civil por Real Decreto. En esta ocasión, el fallo del Tribunal anula el ascenso y ordena a la Administración retrotraer las actuaciones al momento previo a la emisión del informe que debía elevar la Directora General de la Guardia Civil a la Ministra de Defensa.

La Asociación Pro Guardia Civil ha destacado que su lucha no se centraba en el "quién", sino en el "cómo" del procedimiento de ascenso. Según APROGC, lo que realmente importa es la legalidad del proceso, ya que afecta directamente a la carrera profesional de los guardias civiles. En este caso, la asociación no cuestionó la idoneidad del ascendido, sino que defendió la correcta aplicación de los procedimientos establecidos.

El Tribunal Supremo, en su sentencia, ha reconocido el interés legítimo de APROGC en la defensa de la legalidad en los ascensos de la Guardia Civil, subrayando que la asociación actuó para garantizar el respeto al orden de prelación y los procedimientos establecidos, no en defensa de los intereses de un grupo específico de guardias civiles. El fallo también ha destacado que, a pesar de los intentos de la Abogacía del Estado de desacreditar el recurso, APROGC tiene un legítimo interés profesional colectivo en la cuestión.

El Tribunal ha recordado que en este ascenso, al igual que en otros casos anteriores, no se había respetado el orden de prelación establecido por el Consejo Superior de la Guardia Civil, lo que contraviene las normativas sobre ascensos. La falta de motivación en las propuestas elevadas por la Dirección General de la Guardia Civil, que se apartaron del orden establecido durante 175 años, fue uno de los puntos clave que condujeron a la anulación del ascenso.

Este fallo se suma al precedente de otros cuatro ascensos anulados por el mismo motivo, lo que pone en evidencia la reiteración de las irregularidades en los procedimientos de ascenso. APROGC confía en que, a partir de ahora, se respetará el ordenamiento jurídico y se evitarán nuevos recursos que puedan generar más incertidumbre y desconfianza entre los guardias civiles.