El Gobierno de España ha decidido incrementar los impuestos a los hogares como parte de una reforma tributaria que busca cumplir con las metas fiscales impuestas por la Unión Europea. Esta decisión surge después de que el Ejecutivo cediera a algunas demandas de Junts, lo que ha reducido la recaudación esperada por el Estado.

Entre las cesiones realizadas a Junts, destaca la renuncia a imponer un impuesto excepcional sobre el sector energético y la limitación del impuesto al sector bancario a solo tres años, con tasas más bajas. Estas medidas han mermado los ingresos previstos por el Gobierno, que ahora debe compensar esa pérdida.

Para paliar este déficit, el Ejecutivo ha optado por un aumento de impuestos que afectará principalmente a las clases medias y bajas. Las nuevas medidas incluyen:

• Un impuesto del 8% sobre los seguros de salud privados.
• Un ajuste fiscal en el tratamiento del diésel, igualándolo al de la gasolina.
• Un aumento del IVA para los pisos turísticos al 21%.
• Subidas en los impuestos al tabaco, incluyendo productos de vapeo.

Se estima que estas medidas generarán una recaudación de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, aunque los sectores con mayores ingresos, como las grandes energéticas y los bancos, se beneficiarán de un trato fiscal más favorable debido a las concesiones hechas por el Gobierno.

Esta reforma no ha sido bien recibida por los partidos como Esquerra Republicana y Bildu, que han exigido la inclusión de enmiendas adicionales. Por su parte, Sumar también ha propuesto cambios, como la eliminación de la exención de impuestos a los seguros de salud.

En resumen, mientras los sectores energéticos y bancarios mantienen un trato favorable en la reforma tributaria, las clases medias y bajas se verán especialmente afectadas por el endurecimiento fiscal impuesto por el Gobierno para cumplir con los objetivos fiscales de Bruselas.