La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado al Gobierno como responsable de comprometer la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familias, tras la reciente decisión de varias aseguradoras de no participar en el nuevo concierto sanitario de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado). Ante esta situación, el sindicato exige al ministro de Función Pública una reunión urgente para abordar soluciones que preserven el modelo de mutualismo administrativo que, según CSIF, ha demostrado ser efectivo durante décadas.

En respuesta a esta crisis, CSIF ha convocado una manifestación el próximo lunes, 11 de noviembre, en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda. El objetivo es presionar para que se mejore la propuesta del Ejecutivo y se garantice una prestación sanitaria de calidad para los empleados públicos.

CSIF considera que las condiciones económicas del nuevo concierto son insuficientes y podrían llevar al colapso de un modelo que ofrece garantías de asistencia médica a funcionarios y sus familias. La central sindical exige que el proceso de licitación del Gobierno contemple una subida de primas adecuada para evitar una degradación de los servicios.

El sindicato ya había advertido de que la oferta inicial del Ejecutivo era "cicatera" y podría hacer que el modelo "muriera por inanición". CSIF subraya que la asistencia sanitaria es un derecho que forma parte de las condiciones laborales de los funcionarios y reitera su compromiso en defender su continuidad mediante todas las acciones de presión necesarias.