Un mes de julio de 2004 la Confederación Hidrográfica del Júcar planteó un proyecto de defensa ante inundaciones para salvaguardar a las poblaciones valencianas más expuestas ante torrentías sobrevenidas. Proyecto que quedó en la vía muerta de sucesivos Ministerios de Fomento bajo los gobiernos de José Luís Rodríguez Zapatero, más tarde de Mariano Rajoy y ahora de Pedro Sánchez.

Los expertos ingenieros que elaboraron el plan tenían la pretensión de salvaguardar a las poblaciones más expuestas en caso de avenidas de agua como consecuencia de torrentías generadas por la afluencia de las dinámicas de lluvias que habían asolado en dos ocasiones anteriores a la comunidad valenciana (1957 y 1987).

Aún peor, en estos días se ha actualizado el buen número de azudes y embalses que han sido destruidos en los últimos años y que, en parte podían haber minimizado las consecuencias de la ahora trágica 'gota fría', propia de esta zona del levante español, que ha aniquilado vorazmente parte de la región desde que descargara con toda su potencia los 500 litros por metro cuadrado de agua de lluvia a mediados de la semana, y que, de momento, se ha llevado consigo la cifra de más de 220 muertos y muchos más desaparecidos.

Las críticas por la torpe gestión de los acontecimientos, tanto de la previsión, las alertas a la población, y la puesta en acción de las labores de rescate y emergencia, han dejado en evidencia la responsabilidad de los gestores políticos tanto autonomicos, como del ejecutivo nacional. Han tenido que pasar cuatro días para que 'Moncloa' respondiera con todo lo disponible, Ejército, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... antes había limitado su acción dejando a la autonomia valenciana acometer las primeras tareas de emergencia ante semejante tragedia (A Sánchez le había pillado el desastre en la India con su mujer).

En una emergencia de este calibre la labor inmediata de ayuda es básica, los vecinos de poblaciones que habían quedado aislados y desasistidos reclamaban desesperados la presencia de una asistencia que no llegaba. Militares consultados afirman que una respuesta coordinada con los elementos a disposicion del Ejército (Ingenieros zapadores, infantería...) podrían haber llegado con rapidez si hubiera habido una orden inmediata para el despliegue, pero el nivel de alerta (1, 2 y 3), pese a que el martes se activó el 2 (los recursos regionales necesitaban de la ayuda de la UME), en poco tiempo se comprobó que no era suficiente. La emergencia nacional no había llegado aún. Esta declaración activa los recursos del Estado y su tardanza ha sido básica para retrasar la acción. Miles de voluntarios civiles ya habían sacado los colores a los responsables políticos. La propia población valenciana en ayuda directa desplazada a la zona, y las colectas generadas en múltiples puntos de la nación. A tal punto que las labores de coordinación han debido ir adaptandose al impulso generado por la accion civil. Y es ahora, en este fin de semana (entre 5 y 6 días despues del gravísimo suceso) cuando la acción del Estado se despliega con mayor intensidad (10.000 militares, 10.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil).

Ni los sucesivos gobiernos de la nación, desde Zapatero, pasando por Rajoy, y ahora Sánchez, habían ejecutado las obras de contención previstas por los técnicos ingenieros en 2004 a fin de evitar la catástrofe que ahora ha sobrevenido. Más de 220 muertos despues, y miles de desaparecidos dan muestra de la repercusion que tiene la incapacidad política.