A partir del 1 de noviembre, tras un acuerdo entre CCOO, UGT y el Gobierno, se implementarán la mayoría de las medidas para la simplificación y mejora del nivel asistencial por desempleo, según el Real Decreto-Ley 2/2024 de 21 de mayo. Estas medidas beneficiarán a cientos de miles de personas, especialmente a los colectivos más vulnerables, como mujeres, jóvenes y desempleados de larga duración.

El conjunto de medidas acordadas busca mejorar la protección social de quienes reciben prestaciones de desempleo. Las reformas incluyen un incremento en la cuantía de los subsidios durante el primer año, la eliminación del mes de espera para acceder al subsidio, y la posibilidad de que los eventuales agrarios de todo el país puedan acceder a estos subsidios.

Entre las principales novedades, destaca el reconocimiento de las prestaciones por períodos trimestrales, la consideración de las parejas de hecho como parte de la unidad familiar, y la mejora en la cobertura para menores de 45 años que agotan las prestaciones contributivas y carecen de cargas familiares.

Además, se han tomado medidas para mejorar la cobertura de personas con cotizaciones insuficientes y se han eliminado penalizaciones en el subsidio tras un contrato a tiempo parcial. También se crearán subsidios específicos para emigrantes retornados y víctimas de violencia de género o sexual.

El gobierno ha preparado la implementación de estas medidas con la formación de 6.000 funcionarios entre agosto y octubre de 2024, asegurando que están capacitados para gestionar el nuevo sistema de prestaciones.

A partir de noviembre también se derogarán la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED), mientras que las personas que hayan solicitado o sean beneficiarias de subsidios existentes continuarán bajo la normativa anterior hasta su extinción.

Desde CCOO han destacado que, aunque se celebran los avances, se continuará trabajando para cubrir los vacíos de cobertura existentes, con medidas como la prestación de ingresos mínimos y la revalorización del IPREM del 17%, pendiente desde su creación en 2004.