La vida política está judicializada y la Justicia está recibiendo con este gobierno más ataques que nunca. Jamás había sido tan cuestionada la judicatura como en la actualidad, cuando el presidente del Gobierno se ve acorralado con casos de corrupción de lo más variado: el caso mascarillas, el caso Koldo, el caso Ábalos, , el caso Begoña Gómez, el caso Javier Sánchez o Azagra, hermanísimo del presidente del Gobierno,y  la Complutense con ese Máster otorgado a la mujer del presidente con una cátedra sin ser licenciada.

La derrota de Sánchez ante el juez Peinado que investiga a su mujer, culmina dos semanas fatídicas del PSOE en los tribunales, donde no se admitió la demanda del presidente del Gobierno ni la de su mujer contra el juez Peinado, pese a que contó como "aliados" con la Fiscalía y la abogacía del Estado que nunca antes habían estado al servicio tan descarado de un Gobierno en vez de hacerlo en favor del Estado.

Pedro Sánchez y su mujer han tratado de apartar de la causa al juez Peinado que la investiga y ambos se han llevado el varapalo judicial de negarles su "interesada" pretensión con lo que la frase del PSOE de que "no hay nada, todo es un bulo y fango", queda más que cuestionada, porque se vislumbran indicios de causa judicial justificada.

El presidente del Gobierno ha impuesto la instrumentalización de la Justicia a su propio servicio con el Fiscal General del Estado, imputado y defendido por él (ya dijo en su día quien mandaba en esta institución), y la Abogacía del Estado.

Por otro lado el "lawfare" ( o guerra jurídica) que hace referencia cuando un actor político poderoso instrumentaliza el sistema de justicia para asi poder perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos, es un hecho por las filtraciones en el caso de la Fiscalía General del Estado sobre una causa del novio de la presidenta de Madrid que ha llevado a aquél al abismo de la petición de cese o dimisión que le han solicitado los fiscales, porque ¿qué justicia puede haber con el Fiscal General del Estado imputado?

En el 2010, Felipe González dijo: "La justicia está hecha unos zorros por el 'ganao' que hay dentro". El Ateneo de Madrid celebró este sábado la presentación del libro "Pesos y contrapesos: Injerencias de la política en la justicia". Una obra coordinada por los magistrados Alfredo de Diego Díez y Jesús Manuel Villegas Fernández, donde se analiza la fina línea que separa el poder político de la independencia judicial en España. Una obra para crear "un incendio democrático". Cabe plantearse ¿cómo sacar el veneno de la mordedura que abrasa la democracia española? ¿Con qué cara pedirán ahora justicia los fiscales con un justiciable, su jefe, que no se aplica antes el cuento con su imputación?

Para colmo, la semana finaliza con la publicación en el BOE (para su aplicación en veinte días) de la "ley Txapote" que excarcelará a siete etarras de forma inminente, dos de ellos con delitos de sangre, según la Asociación Víctimas del Terrorismo. Si los asesinos de una banda terrorista, por cuestiones de pactos políticos tienen estos beneficios, si los golpistas del "Procés" son indultados o amnistiados, si los saqueadosres socialistas de los ERES, tienen rebaja y modificación de sentencias y de penas, ¿quien puede creerse que la Justicia es igual para todos? Y todavia el pasado año en las Elecciones generales el PSOE se sorprendía de ese clamor en el que se decía "que te vote Txapote". Ahora se demuestra bien a las claras la justificación de esa repulsa pública.

La corrupción politica con ese saqueo brutal a las arcas del Estado a base de impunidad impúdica, sitúa la realidad social y judicial en una "extravagancia" como desde una instancia jurídica se ha calificado el comportamiento de Pedro Sánchez contra el juez Peinado.

Si la política no encontrara jueces valientes, que mantienen la dignidad y el honor ante prácticas mafiosas como ha calificado Díaz Ayuso las conductas de Sánchez y su Gobierno, la Constitución y el Estado de derecho serían papel mojado. El atentado a la división de poderes desde el Gobierno de Sánchez es una práctica permanente contra la legalidad vigente y a la igualdad de derechos de todos los españoles. Este domingo, por todo esto, hay una manifestación en Madrid, "Por  la Unidad, la Dignidad, la Ley y la Libertad.¡Elecciones generales ya!" en la Plaza de Castilla. La insostenible situación política que padecemos no admite más dilación y se impone la repulsa social ante tanto abuso, desvarío y prácticas de república bananera.

No es que la "justicia sea un cachondeo como dijo Pedro Pacheco por anular el derribo de un chalet de Bertin Osborne decretado por el Ayuntamiento de Jerez. Lo que actualmente es un cachondeo mayúsculo propio del Club de la Comedia es el propio Gobierno de España y su presidente. Un Gobierno que pretende proteger su corrupción atacando o recusando a los jueces que se atreven a investigar sus prácticas bananeras.