Hablábamos en el artículo anterior de la reunión de los Ministros de Interior de la Unión Europea en la que se adoptaron diversas medidas respecto de los inmigrantes ilegales, quedando aplazadas las decisiones que se refieran a los solicitantes de asilo.

Hemos estado varios meses en un absoluto silencio informativo sobre la situación del asilo en España. Solo unas pocas voces se levantaron diciendo que el sistema de asilo está absolutamente colapsado, lo que ha sido negado reiteradamente desde altas instancias gubernamentales. Una vez más la realidad parece desmentir a un gobierno experto en negar la mayor… y acusar a otros de exagerar, mentir o pactar con Vox, que es lo que parece últimamente más recurrente.

Sin ir más lejos, el pasado día 8 de julio, el diario el Mundo recogía una información extractada del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la que se afirmaba que más de 100.000 expedientes están esperando su resolución. Teniendo en cuenta que durante el año 2018, los solicitantes de asilo en España fueron 54.065, efectivamente cualquier miembro del gobierno puede afirmar que el sistema no está colapsado. Pero cualquiera que sepa leer y escribir, aún con dificultades, podrá concluir que la afirmación gubernamental está lejos de la realidad.

Pero no voy a acusar de inacción a este gobierno. Después de acoger con todo tipo de luces, taquígrafos y cámaras de televisión la llegada del Acuarius, se procedió a despedir a unas 200 personas en la Secretaría de Estado de Migraciones y en el Ministerio del Interior. La medida es oportuna, porque no bastó con multiplicar el numero de Directores Generales y Subdirectores Generales en la estructura de la -entonces- Secretaria General de Migraciones, que se convirtió en Secretaría de Estado, manteniendo además la Secretaría General-. Si no que también se procedió a sustituir a 21 de los funcionarios interinos A1 nivel 22 despedidos por funcionarios A1 Nivel 24, lo que supone un aumento en el gasto en salarios  que en modo alguno ha supuesto un aumento de la eficacia del sistema.

Y aquellos contratados de menor nivel están siendo sustituidos de una forma sospechosamente irregular desde la Oficina de Empleo del Barrio del Pilar del Madrid. Tal es sí que -para seguir con el despropósito-, unas 90 personas de las despedidas han presentado sendas demandas contra el Gobierno por contratación y cese fraudulentos.

Y todo ello para que al final llegue CEAR poniendo negro sobre blanco que aquéllo no sólo no ha permitido adecuarse a la creciente demanda de asilo, si no que encima ha llegado a colapsarse el sistema, por mucho más dinero.

Lo dicho. De inacción nada. Mucho se ha hecho, aunque nada positivo se haya obtenido -excepto (claro está) el agradecimiento de los nuevos contratados-.

Y la situación aún puede ser peor si se empiezan a aplicar las medidas anunciadas por la Unión Europea.

Hasta ahora los inmigrantes que llegaban al CETI de Ceuta se negaban sistemáticamente a solicitar asilo. Incluso en casos que llamaban poderosamente la atención, como son las mujeres embarazadas, sobre las que empezaban a tomarse algunas medidas por parte del Área de Menores de la Ciudad Autónoma que rayaban el pisoteo de los derechos más elementales. Como por ejemplo separar al bebé de la madre sin que ésta tuviera el más mínimo derecho a apelar, ni nadie que le representara ante un juez.

Para estos casos tratamos de que estas mujeres solicitaran asilo. Para que obtuvieran a su vez una mayor protección en territorio nacional. Pero éstas se negaron sistemáticamente porque “les habían aconsejado” (sin duda las mafias) que no lo solicitaran. Frente a este consejo ajeno, nada podían nuestros argumentos.

Pero ¿qué pasará cuando, al aplicarse las medidas europeas, se empiece a devolver a los inmigrantes irregulares? Pues que previsiblemente haya un aumento de peticiones de asilo que se irán acumulando a las anteriores. Y lo que es peor, que en todos los países que constituyen el mayor contingente de inmigrantes que llegan a Ceuta se puede efectivamente justificar una situación de guerra de alta o baja intensidad o persecuciones por razón de religión, etnia o tendencia política. Quienes leen esta columna tienen datos precisos.

Y ya que estamos, ¿cuándo va a cumplir el Ministerio del Interior la normativa respecto a los solicitantes de asilo en el sentido de que pueden desplazarse libremente por territorio nacional? Porque, yo -en mi ignorancia- creo que Ceuta es territorio español.

Y “last, but not least”, ¿piensa el Gobierno aumentar los impuestos a CEAR ya que se ha atrevido a contradecir los edulcorados datos que nos provee el Gobierno?, porque al Vaticano le han amenazado con una medida de estas características después de que el Nuncio les criticara alguna de las decisiones gubernamentales.