En nuestra Constitución se refleja que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. 

En base a ese artículo donde se recoge la Ley Orgánica 11/ 1985, de libertad sindical: la ley recoge de forma amplia la libertad de los empleados para sindicarse y de los sindicatos para realizar todas aquellas reivindicaciones que considere oportunas de cara a obtener mejoras de las condiciones laborales a través de legítimas propuestas.

Nos encontramos por tanto ante una legislación que ya desde la propia Constitución ampara y protege suficientemente los derechos de los afiliados y sindicatos para cumplir con su tarea. Pero para cumplir con estos derechos, en España los sindicatos se han visto dotados de unos privilegios económicos que las diferentes administraciones han ido regando con dinero público, creando con ello grandes estructuras al servicio de intereses partidistas, alejándose por tanto de la realidad y de las necesidades de los empleados, para así cumplir con sus objetivos políticos.

En base a una independencia real de los sindicatos respecto de los gobiernos que los subvencionan, estos sindicatos deberían estar financiados exclusivamente por las aportaciones económicas de sus afiliados, como ocurre en otros países.