Las organizaciones No Name Kitchen, Solidary Wheels, Asociación Elín y EXMENAS han emitido un comunicado en respuesta a los recientes acontecimientos ocurridos el 15 de septiembre en Ceuta, que han dejado al descubierto numerosas devoluciones en caliente y graves violaciones a los derechos humanos en las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla.

El escrito denuncia irregularidades sistemáticas, incluyendo la retención violenta de más de 60 personas en la frontera del Tarajal el 26 de agosto, donde las fuerzas de seguridad españolas ejecutaron una devolución colectiva a Marruecos. Simultáneamente, en Melilla, una embarcación fue arrollada por la Guardia Civil, en un acto coordinado con las autoridades marroquíes. Estas prácticas ilegales se llevan a cabo de manera constante, desafiando la normativa nacional e internacional en materia de protección internacional y derechos de la infancia.

Las organizaciones subrayan que estas acciones contravienen principios fundamentales del derecho internacional, como el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas, establecidos en diversas convenciones internacionales.

Recientemente, el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Ceuta ha declarado ilegal la aplicación de devoluciones en caliente en el mar, poniendo de relieve la necesidad de procedimientos ordinarios que garanticen derechos como la asistencia de una letrada e intérprete, aspectos que son ignorados en las devoluciones rápidas.

Además, el comunicado pone de manifiesto que tras estas devoluciones, las autoridades españolas se desentienden de lo que ocurre al otro lado de la frontera, en un contexto de creciente militarización y control policial que limita gravemente la libertad de movimiento de la población local. Como ocurría el 15 de septiembre, cuando miles de jóvenes fueron brutalmente reprimidos por las autoridades marroquíes mientras intentaban cruzar la frontera. 

Las organizaciones alertan sobre el impacto del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo del Parlamento Europeo, que promueve la militarización de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras y externaliza aún más las políticas migratorias, llevando el "trabajo sucio" lejos del escrutinio público y aumentando los riesgos para quienes intentan migrar.

Por último, las organizaciones exigen un cese inmediato de las políticas que vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiadas, reclamando un enfoque humanitario que garantice el cumplimiento de la legislación vigente y facilite el acceso a vías legales y seguras para el asilo. En un claro llamamiento a la acción, afirman que “España y Europa son responsables” de estas violaciones y señalan la urgente necesidad de dignificar las rutas migratorias.