El poder de decisión sobre el tipo de jornada escolar recae en los centros educativos, donde el consejo escolar es el encargado de votar cómo se distribuyen las cinco horas diarias obligatorias para los alumnos de enseñanza no universitaria. Sin embargo, la titularidad de los centros y los profesores suelen tener mayoría en estos consejos, superando a las asociaciones de padres, la representación de los alumnos y el personal de la administración. En algunas comunidades autónomas, para que estas votaciones sean válidas, se requiere primero una participación significativa de las familias.

Profesores y padres coinciden en que uno de los principales problemas de la jornada escolar continua es la conciliación laboral y familiar, mientras que los expertos señalan que la concentración de horas lectivas en la jornada matinal afecta al rendimiento académico y al bienestar del alumnado. Según estudios recientes, los adolescentes alcanzan su máxima capacidad de concentración entre las 11:00 y las 13:00 horas, y no rinden igual en las primeras horas del día. Además, la jornada continua "aísla" al niño y no se adapta a los horarios nutricionales recomendados, lo que impacta en su salud.

Algunos especialistas plantean que la solución podría ser una mayor inversión pública que permita financiar comedores escolares, actividades extraescolares y prolongar la apertura de los centros, facilitando así la conciliación de las familias.

Además, un informe reciente de ESADE revela que tanto hombres como mujeres cuyos hijos asisten a jornada continua ven reducidos sus ingresos en comparación con aquellos que tienen hijos en jornada completa. Dos tercios de esta pérdida recae sobre las mujeres, lo que agrava las desigualdades. Es decir, la jornada escolar intensiva tiene un impacto más negativo en los colectivos económicamente vulnerables y en la brecha de género.

Actualmente, cerca del 80% de los colegios e institutos de enseñanza pública y entre el 65% y el 70% de los concertados operan bajo un horario intensivo.