El Juzgado de lo Social N.º 1 de Ceuta, bajo la dirección de la magistrada María Francisca Lorite Martínez, ha condenado a un superior de la administración pública por acoso sexual a una auxiliar administrativa. La sentencia, emitida el pasado 12 de agosto de 2024, obliga al acusado a pagar una indemnización de 100.000 euros a la víctima. A pesar de la condena, el acusado aún mantiene su puesto de trabajo en el Matadero Municipal. En su momento, fue apartado del Negociado de Registro, por decreto de la consejera de Economía, Hacienda y Recursos Humanos cuando trascendieron los hechos en 2021; se abrió expediente, se informó y se archivó. Ahora una Juez le ha dado la razón a la víctima.

Mensajes inapropiados y acoso físico

Los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando la auxiliar administrativa fue trasladada al Negociado de Información y Registro, situado en el Ayuntamiento de Ceuta. Según los hechos probados por el tribunal, el acoso comenzó a través de mensajes de WhatsApp que, inicialmente, eran de carácter laboral, pero pronto derivaron en comentarios sexuales y sentimentales:  "si usted me da clases de gimnasío, yo le doy de saber besar, soy un maestro con un gran curriculum"... "No puedo pasar un día si verla".. "estás preciosa... nervioso me voy a poner cuando la vea"

La situación se agravó cuando el acoso pasó de lo verbal a lo físico, con el superior llegando a acariciar la pierna de la demandante durante un trayecto en coche.

Deterioro emocional de la víctima

Compañeros de trabajo notaron la situación de acoso y trataron de proteger a la auxiliar administrativa, evitando que se quedara a solas con el acusado. Sin embargo, esto no fue suficiente para detener el comportamiento del superior.

La trabajadora, a pesar de sus intentos por ignorar los mensajes y comentarios inapropiados, sufrió un deterioro emocional profundo llegando a experimentar episodios de llanto y ansiedad, lo que la obligó a tomar una baja médica por ansiedad que duró desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2022.

Fallo judicial y falta de medidas disciplinarias

El tribunal concluyó que el superior había incurrido en acoso sexual y ordenó el cese inmediato de esta conducta. Además, se le condenó a indemnizar a la víctima con 100.000 euros, la mayor cantidad concedida por vulneración de derechos fundamentales en la jurisdicción, según el abogado de la demandante, Jorge Sevilla.

Aunque el tribunal ha emitido esta condena, el acusado sigue ocupando su puesto en el Matadero Municipal de Ceuta, ya que las autoridades locales no han tomado aún medidas disciplinarias definitivas. Hubo una apertura de expediente interno y se dio traslado a la Fiscalía, que archivó el caso. Finalmente la consejera de Economía Hacienda y Recursos Humanos dictó decreto poniendo fin al procecimiento disciplinario dejando sin efecto las medidas cautelares impuestas. Una vía que ha quedado en entredicho ante la actual sentencia de la juez quien en su fallo determina que las constantes llamadas y mensajes "revelan claramente como a medida que va pasando el tierrpo la aptitud del demandado resulta cada vez más asfixiante, más claras desde el punto de vista de sus perspectivas sentimentales y sexuales y más apremiantes..."  Y ello, apoyándose desde la posición superior jerárquico como explica la sentencia dictada.

La juez absuelve en su fallo a la Ciudad Autónoma porque, aunque discrepa de la resolución del instructor en este caso, considera que actuó "con diligencia" activando el protocolo, de inmediato, al conocer la denuncia de la trabajadora.

El fallo, condenatorio contra el funcionario "su actitud es constitutiva de acoso sexual, ordenando el cese de dicha conducta y condenando a abonar la cantidad de 100.000 euros de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados", cuenta aún con posibilidad de recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.