Política / Justicia
Vivas declarará ante el Juzgado por la presunta prevaricación que denunció el PSOE en el caso Sierra
Ha sido el propio presidente el que ha anunciado su citación y confía que podrá demostrar, ahora, la inocencia en el proceso

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha sido citado por el juzgado de instrucción número 6 para el próximo 17 de septiembre y tendrá que declarar en calidad de investigado por la concurrencia de presuntas irregularidades en la promoción laboral de un empleado municipal. Fue una denuncia interpuesta por el PSOE contra el presidente, y entonces los consejeros Néstor García y Fernando Ramos.
Ha sido el propio presidente el que ha informado de la citación en un encuentro con los medios esta mañana en la Plaza de África. Ha insistido en que su comparecencia ante el instructor se producirá sin que aun la Ciudad haya podido aportar la documentación para su su descargo. “Cuando podamos aportar al Juzgado esta documentación, estoy convencido de que quedará probado que los hechos denunciados son inciertos, que la denuncia es infundada, que no se ha cometido ninguna irregularidad administrativa ni mucho menos un ilícito penal”, ha dicho convencido Vivas.
Vivas celebra que desde que se le declaró investigado, la Administración local no ha tenido la oportunidad de hacer llegar al Juzgado los expedientes en los que fundará su defensa, pero lo podrá hacer ahora. “¿Por qué el Juzgado hace esto? Yo solo puedo presumir, y así lo creo además, que lo hace porque de esta manera la persona investigada esta atribuida de mayores garantías en la defensa de su situación”, ha explicado el presidente.
La denuncia, en su día interpuesta por el PSOE ante la Fiscalía, alcanza además de a los tres políticos, a la persona sobre la que se inició el hecho denunciado -un trabajador de ACEMSA, Pedro Sierra- quien habría sido beneficiado de accesos a puestos determinados en la administración local, y el gerente de la sociedad municipal del Agua, Juan Martín, al interventor de su Junta, José María Caminero y la secretaria general, María Dolores Pastilla.
El presidente confía en que se podrá demostrar que no hubo irregularidad alguna.
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