El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado la apertura de actuaciones de oficio para recabar información sobre las demoras que se están produciendo en la valoración de personas con discapacidad, con retrasos que llegan a los tres años en algunas comunidades autónomas.

El Defensor se dirigió a los departamentos competentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, con los que ya ha iniciado los expedientes de oficio. Según ha explicado, las quejas de los ciudadanos por esta causa se han triplicado en los últimos cinco años.

Por ello, el Defensor ha reclamado el número de expedientes de reconocimiento o de revisión pendientes de resolver antes y después de la entrada en vigor de la nueva regulación (Real Decreto 888/2022), que establece un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes de reconocimiento o revisión de la discapacidad. También ha pedido información sobre los medios materiales y humanos con los que se cuenta para realizar esta labor, así como las posibles medidas de choque implementadas o previstas.

Asimismo, la institución quiere conocer los últimos datos sobre el plazo para la valoración, la resolución de los expedientes y las medidas de coordinación establecidas, en cada consejería o departamento, con los servicios encargados de la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez. Los expedientes de oficio ahora iniciados se unen a la actuación abierta con el Principado de Asturias a finales de 2023.