En las últimas décadas, la administración fronteriza de Ceuta ha sido objeto de decisiones políticas cuyas consecuencias han oscilado entre la negligencia y la irresponsabilidad flagrante. Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en un proceso más amplio de erosión de la seguridad y estabilidad delineado por una sucesión de acciones que, analizadas en su conjunto, revelan un patrón de abandono y desatención.

La retirada paulatina de la Guardia Civil en la barriada del Príncipe, emprendida tras la llegada de la democracia, marcó el inicio de una serie de replegamientos estratégicos que, con el tiempo, han debilitado significativamente la capacidad de respuesta ante las amenazas fronterizas. La orden de clausura del paso fronterizo de Benzú, sin medidas de refuerzo, no solo expuso a la ciudad a asaltos masivos de inmigrantes, sino que provocó el colapso de la frontera del Tarajal, una situación que, pese a la ratificación en 2019, continúa sin resolverse adecuadamente. La clausura de la comisaría de Los Rosales en 2016, ubicada en pleno Barrio de Hadú, ejemplifica esta tendencia de desmantelamiento de la infraestructura de seguridad en las periferias.

Es imperativo subrayar que estas decisiones han sido tomadas por diferentes administraciones, tanto a nivel local como central, y han contribuido a un debilitamiento progresivo de la presencia estatal en áreas críticas. La propuesta de trasladar la Comandancia de la Guardia Civil a una ubicación más allá de la ciudad ha suscitado la preocupación de la Asociación de Guardias Civiles (AUGC), que ha advertido sobre la imprudencia de abandonar las barriadas periféricas. Este patrón de repliegue, que deja a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, resulta tanto incomprensible como inaceptable.

El contexto actual, caracterizado por una alta presión migratoria, como lo demuestran los recientes intentos de ingreso masivo de inmigrantes a través de las costas ceutíes, subraya la urgencia de una presencia robusta y continua de las fuerzas de seguridad. La entrada de diez inmigrantes marroquíes, siete de ellos menores, bajo la densa niebla que dificultaba la vigilancia, pone de manifiesto las limitaciones de los actuales dispositivos de control fronterizo. La Guardia Civil, que aún conserva ciertas posiciones junto a la frontera del Tarajal, se erige como el último baluarte en una frontera cada vez más desprotegida.

En cuanto a las políticas migratorias, la insistencia del Ministerio del Interior en mantener el visado como requisito obligatorio para cruzar la frontera, pese a las críticas y los rumores infundados difundidos por medios marroquíes sobre una supuesta relajación, representa un esfuerzo por mantener cierto control sobre el flujo migratorio. No obstante, esta medida ha demostrado ser insuficiente para contrarrestar la complejidad del fenómeno migratorio y sus implicaciones en la seguridad local.

Desde una perspectiva económica, la insatisfacción expresada por la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) respecto a las ayudas al transporte de mercancías entre Ceuta y la Península, evidencia la desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales del tejido empresarial local. Las ayudas anunciadas, que ascienden a 125.000 euros, resultan irrisorias en comparación con las necesidades de las empresas ceutíes y con los montos asignados a otras regiones como Canarias y Baleares. Este modelo de apoyo, que no considera las especificidades de Ceuta, ilustra la desatención sistemática de las particularidades locales en la formulación de políticas.

A nivel internacional, la creciente influencia de Marruecos en la Comisión Islámica de España y su avance estratégico en la región, contrastan con la inacción de las autoridades españolas. La falta de una estrategia clara y coherente para abordar la influencia marroquí y proteger los intereses de Ceuta, tanto a nivel nacional como en el marco de la OTAN y el espacio Schengen, es un reflejo de una política exterior desarticulada.

En este contexto, la situación de Ceuta sigue siendo una cuestión abierta, repleta de incertidumbres y desafíos. La necesidad de un enfoque integrado y coherente, que contemple tanto la seguridad como el desarrollo económico, es imperativa. Sin embargo, la respuesta a estos desafíos sigue siendo esquiva, dejando en suspenso el futuro de una ciudad cuya geopolítica y complejidad social demandan una atención urgente y sostenida.