Por muchas negociaciones que el Gobierno central ha planteado a unos y a otros, y tras un debate eterno, el Congreso de los Diputados ha rechazado el reparto de menores extranjeros entre las comunidades. El Gobierno lleva argumentando, desde los últimos días, que tenía su “mano tendida” al PP para llegar a un acuerdo en la reforma de la tan nombrada ley de extranjería, para avisar de que si naufragaba “ya habrá tiempo de polémicas”. Ese momento ha llegado este martes, día 23 de julio, pero ni las mejores ofertas han servido para avanzar.

No sólo por el rechazo de los populares, cuyo apoyo era fundamental porque gobierna la mayoría de comunidades autónomas que deberían aplicar la norma para acoger a los menores migrantes llegados a la frontera sur. 

El otro agente imprescindible era Junts, quienes escudándose en que está negociando el traspaso de las competencias en inmigración, también ha dado la espalda al Ejecutivo. PSOE y Sumar se han quedado en minoría durante el debate sobre la admisión a trámite de la medida.

Desde Coalición Canaria, formación que preside el gobierno canario y que firmó la iniciativa junto al Gobierno, han hecho un último llamamiento para retirar la medida e intentar seguir negociándola. La diputada Cristina Valido pedía desde su tribuna: "No puedo llegar a Canarias sin acuerdo. Si no lo hay en los próximos minutos pediré que no se vote y se quede sobre la mesa y sigamos hablando". Y eso es lo que ha terminado haciendo.

El Partido Popular se ha sumado, precisamente, a la postura de la diputada de Coalición Canaria: “Aceptamos y asumimos la propuesta. Retiren esta ley y pónganse a negociar si de verdad hay voluntad. Convoquen un pleno extraordinario y monográfico sobre inmigración y a la Conferencia de Presidentes”, pidió la diputada Ana Alós desde la tribuna.

A medida que transcurría la jornada, el Gobierno iba mostrándose cada vez menos optimista. Reformar la Ley de Extranjería y hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, no parecía que fuera a llegar a buen puerto, incluso pese a la mediación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Finalmente, la toma en consideración de la norma, presentada hace una semana por PSOE, Sumar y Coalición Canaria (CC), con 177 votos en contra, solo 171 a favor y una abstención, ha sido rechazada.