La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres, han mantenido un encuentro telemático con los delegados y las delegadas del Gobierno en los territorios.

Durante la reunión, se han abordado varios aspectos relativos a políticas de igualdad. El principal, reforzar la coordinación en las políticas públicas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En este sentido, los ministros han trasladado a los delegados y delegadas el papel esencial que tienen los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotados con 140,2 millones, en la sensibilización de la sociedad.

Por otra parte, el encuentro también ha servido para hacer seguimiento del Plan Corresponsables, para cuyo desarrollo el Ministerio de Igualdad ha distribuido este año 190 millones de euros entre las comunidades y ciudades.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país. Representan, además, altos costos asociados, en un aumento en gastos de atención de salud y también en servicios jurídicos. Impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo en gran número de lugares.

Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales. Nunca tantos países han contado con leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia. Sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas. Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la violencia, y cuando ésta ocurre a menudo queda impune, como queda reflejado en informes con los que cuenta la Organización de las Naciones Unidas.