La verdad de lo que ocurre en Ceuta, lo que se siente, se transmite, incluso se informa dramáticamente despachos adentro y no exentos de alarma y frustración, no tiene nada que ver con la realidad paralela en la que se nos hace vivir en esta ciudad, apoyados en el control del relato cobertor que pretende atenuar, limitar y anestesiar la capacidad de escrutinio del ciudadano medio.

El gran oficio de no ejercer de oficio en Ceuta es sencillamente el arte de mirar para otro lado, permanentemente, y sin que se descosan vestiduras de aquellos quienes entre sus posibles cometidos está de actuar, sí, actuar de oficio más allá de las más o menos cómodas actuaciones por instancias de parte. Una actitud generalizada, en Ceuta, entre quienes tienen responsabilidades en la defensa de lo común, del ciudadano, del Derecho y de la gestión pública. Esa máxima del deber de perseguir delitos entre quienes tienen esa potestad, en esta ciudad directamente no se dá. Y esto no es nuevo. Olivencia ya decía hace más de tres décadas (cuando la política tenía más nivel que hoy) que en Ceuta "la ley y el derecho quedan en el Estrecho".

Sector a sector, miembros de las administraciones, pasan absolutamente de ejercer por acción propia el control y la lucha de y contra irregularidades palmarias o de sospechosas actividades revestidas o travestidas de supuesta legalidad. Por tanto, esa inacción por omisión les hace claramente colaboradores necesarios en la decadencia sistemática que se está imponiendo en esta ciudad sometida a una vorágine de intereses endogámicos cruzados que la está aniquilando.

La defensa del interés general (no vale aquí el simple hecho de expresarlo), debe ser la máxima virtud no sólo de los responsables públicos, sino de los funcionarios, miembros de las administraciones con capacidad de ejercer el deber de cumplir y de hacer cumplir la ley. Pero en Ceuta, ejercer con libertad e independencia, en una ciudad donde se comparten espacios que fomentan relaciones, compromisos -con el tiempo- en las interacciones sociales de los estamentos y sectores (en todos ellos)... provoca lamentablemente ese 'mirar para otro lado' y evitar en lo posible, primero, pisar callos, segundo complicarse la vida... Y así nos va.

Que se embosque a la Policía Nacional y que en redes sociales arremetan contra los policías por el hecho de serlo en el ejercicio que se les otorga de las competencias en seguridad ciudadana (seguridad pública), es sólo un síntoma de esa degradación que se padece permitida por la aún mayor degradación provocada por quienes en el ejercicio de sus funciones, desatienden los principios jurados o prometidos en defensa de la ley, de la libertad, de la igualdad, de los derechos de todos...

Políticos con responsabilidad de gobierno, cargos de las administraciones, departamentos y órganos de la Administración local y General del Estado, Justicia... en los que la lucha por el interés general, de la ley y el derecho es la excepción. Ninguno, aún pudiendo, ejerce de oficio labores de persecución de actividades sospechosas en ningún área, ni los unos contra los otros, ni los otros contra los unos. Ejemplo: El simple hecho de denuncia pública de un partido político sobre presuntas irregularidades en una sociedad municipal (Acemsa) sobre el abuso de contratos menores, ya debería haber servido para que Policía, Guardia Civil, Jueces o Fiscales actuaran de oficio para comprobar deterninadas cuestiones y no esperar a que se produzca la denuncia oficial. Y así, todo.

Contratos del sector público, adjudicaciones, tramas empresariales, relaciones político empresarial, transfondos societarios, movimiento de capitales, urbanismo, medio ambiente... y sin que nadie quiera mirar.

Vivimos aletargados por el relato dominador y bien pagado (a cada ceutí le cuesta 32 euros al año el impulso financiador del gobierno al empresariado de la comunicación), o directamente callados por las percepciones de ayudas o desembolsos públicos hacia el entramado asociativo en el que a cada ciudadano se le esquilmaría una mayor cuantía de euros por año -si se dividiera el gasto público entre los 80.000 ceutíes-... y todo para favorecer lo que en otros términos de la acepción de la palabra significaría la 'omertá'.

Ni se persiguen actuaciones irregulares desde la administración local, ni desde la general del estado. Y la Fiscalía "¿de quién depende?... pues eso". Que el Tribunal de Cuentas llame la atención un año sí y otro también, una bobada. Que la moralidad, la ética y los principios queden a un lado en claro ejercicio de nepotismo, una tontería.

Es el oficio de no ejercer de oficio en Ceuta. En unos años dice el INE que la ciudad perderá población. ¿Qué población se irá? La diáspora de ceutíes nativos es una rémora auspiciada directamente por la incapacidad de las administraciones de aportar seguridad y garantías al futuro de Ceuta, esa es la realidad mientras los políticos siguen hablando en politiqués para que nadie les entienda.