El Consejo de Gobierno ha aprobado la renovación del convenio de colaboración con la Real Federación de Fútbol de Ceuta, con un importe de 1.657.400 euros, con el que se financian los gastos de las Escuelas Deportivas de Fútbol, y el mantenimiento de las instalaciones deportivas durante el año 2024.

Así mismo, se renueva el convenio de colaboración entre el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) y la Federación de Tenis de Ceuta, por importe de 72.000 euros, partida con la que se subvencionarán los gastos derivados de la Escuela Deportiva de Tenis, la campaña de verano y diferentes competiciones deportivas a celebrar a lo largo del año.

En relación a la Consejería de Educación, se ha acordado el cese de la directora general de Educación, María José Expósito, a petición propia por cuestiones personales, y a la que el Consejo de Gobierno le agradece los servicios prestados.

Además, el Consejo de Gobierno, a instancia de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y servicios Urbanos, ha autorizado la contratación del servicio de disponibilidad y despliegue de medios de la lucha contra la contaminación marina. El presupuesto estimado de este contrato es de 60.250 euros, con el objetivo de que puedan ser desplegados ante episodios de contaminación marina accidental que afecten o pudieran afectar al litoral de Ceuta y que implique la activación del Plan Territorial correspondiente.

La misma Consejería ha ordenado la demolición de obras ilegales en la barriada de Los Rosales número 26 y la restitución de la zona usurpada al dominio público, con un plazo para ejecutar la actuación de manera voluntaria, y si transcurrido el mismo no se ha realizado, la Ciudad llevará a cabo la ejecución de manera subsidiaria, repercutiendo posteriormente su coste al propietario (inicialmente está presupuestada la demolición en 15.000 euros más IPSI).

Por otro lado, se ha acordado la demolición de obras incompatibles con la legalidad urbanística en la calle Francisco Pascual Andreu, en los mismos términos, ordenando un plazo para la demolición voluntaria y si transcurrido el cual no se hubieran realizado, se ejecutará una actuación de oficio, repercutiendo el coste de los trabajos (estimados en unos 16.000 euros) a los propietarios. Con independencia de ello, la Consejería procede igualmente a incoar los correspondientes expedientes sancionadores por la infracción urbanística cometida.