En la actual etapa política de España, vivimos una paradoja que desafía los principios de una democracia saludable. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha promovido una narrativa que parece proteger la libertad, mientras que, en realidad, estamos frente a una democracia vigilada con tintes de dictadura. Los jueces y periodistas críticos con el gobierno se encuentran bajo constante sospecha y presión.

La independencia judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia. Sin embargo, bajo el mandato de Sánchez, hemos observado intentos recurrentes de socavar esta independencia. Los jueces que han dictado sentencias contrarias a los intereses del gobierno han sido señalados y desacreditados públicamente. Este tipo de intimidación crea un clima de temor que afecta la capacidad de los jueces para actuar con imparcialidad y justicia.

El periodismo, el cuarto poder de la democracia, está también bajo asedio. Los medios y periodistas que han osado criticar al gobierno de Sánchez han sido tildados de desestabilizadores y opositores del progreso. Esta táctica de desacreditación busca erosionar la confianza del público en los medios independientes, promoviendo en su lugar una narrativa única que favorece al gobierno. La libertad de prensa está siendo sustituida por una prensa controlada y servil.

Sánchez presenta sus políticas como un ejercicio de libertad y modernización, pero el trasfondo revela una agenda de control y represión de la disidencia. Bajo la apariencia de proteger la democracia, el gobierno implementa medidas que limitan la libertad de expresión y la independencia de los poderes del Estado. Esta contradicción entre discurso y práctica es un signo alarmante de una democracia en retroceso. La vigilancia y el control se han convertido en herramientas clave del gobierno de Sánchez. Las críticas no son toleradas; son vistas como amenazas que deben ser neutralizadas. Esta actitud genera un ambiente en el que el miedo y la autocensura prevalecen, socavando los principios democráticos que tanto valoramos.

La situación actual en España nos obliga a cuestionar la dirección en la que nos dirigimos. La democracia no puede florecer en un ambiente donde jueces y periodistas son perseguidos por cumplir con su deber de independencia y verdad. Es imperativo que como sociedad defendamos estos pilares fundamentales y resistamos cualquier intento de convertir nuestra democracia en una dictadura disfrazada de libertad.

Pedro Sánchez debe recordar que la verdadera fuerza de un líder democrático radica en su capacidad para aceptar la crítica y gobernar con transparencia, no en el control y la represión de quienes le cuestionan.

McLuhan dijo que “el medio es el mensaje”, una frase que significa que la forma de un medio se incrusta en cualquier mensaje que transmita o transporte, creando relación simbiótica en la que el medio influye en cómo se percibe el mensaje. Los sistemas informativos se han convertido en una neocorteza cerebral colectiva que mueve al planeta en la aldea Global.

Se están dando situaciones estrambóticas: Compromís exige al PSOE medidas de control a los jueces por reabrir el “caso Oltra”; el abogado de Puigdemont, -condenado por terrorismo-, se querella contra el juez que les acusa por traición por sus reuniones con enviados de Putin; el Gobierno organiza la Conferencia mundial de la ONU sobre terrorismo sin contar con las víctimas de ETA, una conferencia sobre terrorismo que relega a las víctimas de ETA es una infamia; Begoña Gómez vendía su cátedra a las Pymes ofreciéndoles acceder a “contrataciones” del gobierno; en España los asesinos, violadores y pederastas tienen televisión HD gratis y los enfermos en hospitales públicos, si es que los tienen, es de pago...  Un juez, Joaquín Bosch Grau dice “a veces tengo la amarga sensación, como juez, de que las leyes son telarañas que cogen a las pobres moscas y dejan pasar avispas y abejorros”. Y para colmo, el Tribunal Constitucional con afines al Gobierno, resucita la doctrina de impunidad del Gobierno de la época de los GAL. Un fallo del TC por los ERES que “sitúa a los gobernantes por encima de la ley”, según la minoría discrepante.

La filtración de la “ley del silencio” de Pedro Sánchez aprobará la obligación de la versión oficial en noticias de medios privados, creará una lista de medios y definirá como “pseudomedios” o “medios de desinformación” a quienes no formen parte de ella, limitando la distribución de publicidad institucional a medios exclusivamente aprobados por el Gobierno. ¿Esto es libertad o dictadura, gobierno de progreso o de represión?. En un país donde las normativas obligatorias se disparan más de un 1.000% desde 2014 no es un país donde haya libertad ni progresismo.

Y los dirigentes de Podemos que prometieron renunciar a todo aquello que superar a 3 SMI incumplen sus promesas con Irene Montero cobrando el 100% del sueldo de eurodiputada sin renunciar a la pensión privada y sueldo compensatorio posterior tras ser cesada. Esta es la España al revés: un dislate tan esperpéntico como absurdo que nos deja perplejos con un relato del Gobierno que esparce el fango que él mismo genera con sus decisiones injustas y sus tropelías infames. El confuso panorama hace intuir que la esposa del presidente, Begoña Gómez y el hermano de aquél, van a acabar con su carrera política por esta convulsa situación que parece convertirlos en testaferros. Tiempo al tiempo. Demasiados frentes tiene abiertos como para que salga indemne por muy astuto que sea o por muchos inventos que se saque de la chistera.