
El hecho del poder
El hecho de que el poder se concentre en los partidos políticos y no en las personas es una perversión constitucional que retuerce el estado de derecho. El sentimiento patrimonial sobre la res publica, es decir, la apreciación de propiedad sobre la administración pública conduce a los gestores políticos por un siniestro vericueto en el que se entrelazan como una hiedra el interés de su partido, el débito de favores, el tráfico de influencias, la implantación de la jerarquía de la organización política en el escalafón funcionarial y la aparición de familias que se nutren de la existencia de salarios públicos vinculados a la gestión de los asuntos de todos.
La debilidad de este sistema de poder se pone de relieve con la falta de transparencia, la ausencia de explicaciones ante interrogantes incómodos y la corrupción. Como en cualquier organización criminal existe la ley del silencio y en la política contemporánea existe la mudez con la complicidad de los funcionarios y el temor atávico del pueblo español al poderoso. España es un país de tradición y costumbres ancestrales que a pesar de navegar en el siglo XXI aún no salió de los esquemas de la época feudal. La ilustración que llegó de Francia se instaló en las clases más pudientes que colaboraron con el antiguo régimen, la revolución llegó tarde y mal porque apareció en forma de comunismo soviético y bolchevique arrastrándonos a una lucha fratricida que arrasó una generación y nos sumió en la pobreza. Lo que la izquierda llama casta no es más que el eco de poderes internacionales con pátina propia. Ensoñadores e ilusos, masones e intelectuales, pensadores y filósofos, el pícaro y el artista, en esta piel de toro curtida por el sol, componen un amasijo pintoresco con la vileza, la genialidad, la religión, la cultura y las tradiciones. Pero, en este contexto, el retraso intelectual fue cultivado desde el poder para eliminar la libertad del individuo y ha llegado hasta hoy, en forma de socialismo que contamina el sistema judicial, mediático y político.
Esto no es sino una consecuencia de la eliminación de las ideas liberales que hoy se identifican interesadamente y se demonizan con etiquetas demagógicas que surten sus efectos psicológicos. La estrategia es clara se trata de justificar el control social de los recursos con el pretexto de eliminar la desigualdad y, como resultado de esa idea de bienestar en pro del supuesto interés general, anular la voluntad del ciudadano. De la política social como fundamento de gobierno al Big Brother Orwelliano y gran líder supremo sólo hay un paso tal y como se está viendo con Sánchez.
Por el contrario el liberalismo de Milei cree en la capacidad personal y en la libertad de elegir y es antagónico al socialismo que encarna la eliminación de las ideas liberales. Una de sus manifestaciones más evidentes es la brecha salarial y el desempleo que son consecuencia directa de la intervención del mercado laboral a través de la fijación por el gobierno de un salario mínimo interprofesional. La determinación del valor mínimo del trabajador iguala sus servicios y capacidades y destruye el mercado laboral ya que el individuo se ve imposibilitado para competir ofreciendo un libre precio por sus servicios y el empresario al tener un coste de referencia al que acogerse, en la maximización de su utilidad, tiende a pagar lo mínimo establecido a la fuerza laboral. Esto es la piedra angular de un sistema organizado que justifica la necesidad de que tengan que existir organizaciones sindicales para negociar colectivamente el salario de los gremios y que, en el fondo, a quien verdaderamente favorece es al interés financiero de grandes grupos extranjeros.
En un mundo liberal, donde el mercado se auto regula bajo el único principio de la oferta y la demanda y de la calidad de los servicios cada profesional percibe un precio por su servicio en función del valor o la utilidad que puede aportar, de forma libre, no tutelada y sin más condición. Esto es lo único que hacer que verdaderamente funcione lo que denominan el "ascensor social".
Entre socialismo y liberalismo está el reformismo (lo que Abascal denominaría la derechita cobarde y otros el PSOE azul) que defiende un Estado de Bienestar basado en el diálogo social y que, al contrario que el liberalismo, aboga por que el Estado regule y organice la economía mediante acuerdos sociales y políticas fiscales para asegurar un nivel mínimo de bienestar para todos los ciudadanos.
El próximo 9 de junio, vuelven las urnas y veremos qué sucede en nuestro país y cuál es la corriente de pensamiento mayoritaria de entre estas visiones y, hasta entonces, seguiremos soportando las actuaciones de un gobierno socialista nacional y un gobierno reformista local que nos están condicionando como nación y como ciudad y que tienen un denominador común: el feudalismo; es decir, la concentración del poder en una sola persona, la subordinación de las instituciones a ella y el culto al líder.
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