El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dijo el pasado miércoles en el Congreso al ser interpelado por Rufián si creía en la justicia "en un día como hoy, después de las noticias que he conocido y, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país". Una justicia de la que se supo el día anterior que no había aplicado las medidas cautelares garantistas para evitar que un peligroso mafioso, nada menos que el jefe de la Mocro Mafia para el que había una orden europea paralizada en la Audiencia Nacional y que la Audiencia Provincial de Málaga, tras mes y medio en prisión preventiva, lo dejó en libertad condicional con una fianza de 50.000 euros a un individuo con 170 propiedades y un patrimonio de 52 millones de euros. El mismo que había amenazado a la heredera de Países Bajos, cuyo Rey agradeció a Felipe VI la cobertura que dieron a su hija durante un año en España. Pese a que el ridículo ha sido espantoso, nadie pide responsabilidades al estamento judicial que actuó con tanta negligencia y se queda todo en que "es inexplicable" y que el trabajo policial de mucho tiempo se tira por la borda. En esta España nuestra, todos no pagan sus culpas por igual.

Esa justicia que asigna 50.000 euros por la fianza de un mafioso internacional, exigió 100.000 euros a Javier Guerrero y mantuvo a éste en prisión preventiva 9 meses, por riesgo de fuga o destrucción de pruebas, la misma justicia que no debe haber apreciado los mismos riesgos en un individuo como Karim Bouyakhrichan, que se ha esfumado ante la vista de las autoridades españolas bajo libertad cautelar de dos juzgados.

No sé si Sánchez y yo coincidimos en creer en la misma justicia que al abrirle investigación a su mujer por presunto tráfico de influencias y cobro de comisiones, permite que se le ponga a la Abogacía del Estado para recurrir su situación procesal o Sánchez tal vez se refiere en esa confianza en la justicia a ese fiscal europeo nombrado por el gobierno que benefició a un narco manipulando un documento público. Ignacio de Lucas, en la Fiscalía Europea por designación del Gobierno de Pedro Sánchez, es hermano de un senador del PSOE quien estuvo arropándole en su toma de posesión en Luxemburgo. Este fiscal manipuló un escrito del Ministerio Público para dar apariencia de legalidad a unos registros que se realizaron en una operación antidroga. Coló un mismo escrito con fechas diferente en distintos tomos del sumario. Tal vez sería un "error" como esos tantos que se comenten en procesos judiciales con el PSOE inmerso y que, por diferentes razones prescriben: los defectos de forma o las anomalías en el procedimiento, son elementos sugerentes para que las causas no alcancen a proyectarse como penadas o enjuiciadas. Hay más de cien causas judiciales que confirman la corrupción estructural del PSOE. La Razón el 30 de octubre de 2023 publicaba que "un error judicial anulaba seis causas de corrupción y evitaba la condena de 25 ex cargos del PSOE de Andalucía". ¿Nadie pidió explicaciones al juez ni exigió responsabilidades?

La putrefacción institucional, política y social nos deja estupefactos y nos provoca una sensación que nos sobrecoge sobremanera por tanta estulticia. Tanta laxitud en las conductas de los responsables-irresponsables, no es de recibo.

Se utiliza la política para manipularlo todo:  el fiscal general del Estado, puesto por el Gobierno, consigue que la Junta de fiscales declare por la mínima de votos que la filtración de los datos que reveló García Ortiz en una nota de prensa no sea delito. Sin embargo, el juez del TSJM que investiga la filtración de los datos del novio de Ayuso contra el criterio de la Fiscalía Provincial sí pide que se investigue la querella presentada por el Colegio de la Abogacía.

Pedro Sánchez que ha situado al frente del Tribunal Constitucional a un afin socialista, Conde-Pumpido, se asegura, lo que de momento no tiene en el Consejo General del Poder Judicial que tanto ansía controlar tildando de anticonstitucional la posicion del PP de renovarlo hasta que no cambie el sistema de elección, desde donde se autoriza que Carlos Puigdemont, un fugado de la justicia se presente a las elecciones catalanas con todos los pronunciamientos favorables pese a residir fuera de España hace 4 años, lo que tácitamente valida que cualquier español acuda a las urnas en las Elecciones Europeas a votar con su DNI caducado como Puigdemont.

Por si todas estas aberrantes situaciones no fueran pocas, el hermano de Pedro Sánchez, en un ejemplo de patriotismo familiar, trabaja en España y reside en Portugal a 16 kilómetros de su trabajo para tributar en el país luso, algo que se ve con normalidad y sin alarmismo por parte familiar y por la cuadrilla mediática de la izquierda totalitaria.

Cuando hace años, al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, le preguntaron por la Justicia española dijo que era un "cachondeo" y creo recordar que fue procesado. En mi caso no voy a calificar, tras este relato qué concepto tengo de la justicia española, pero sí voy a mencionar un caso que conozco bien cerca: una vez un político local se presentó a unas elecciones con el lema "Por honradez" y hubo quien recriminó este concepto que no se correspondía con su conducta de pagos por recibo con dinero sin declarar a Hacienda. De ahí que se le hiciera ver en artículo que no era honrado. El afectado ni corto ni perezoso, se querelló y esa justicia de la que hablan Pedro Sánchez y Pedro Pacheco, condenó a quien lo trató de poco honrado pese a mostrar como prueba los recibos al margen de la nómina. El recurso a la Audiencia de Cádiz, restituyó una situación de todo punto anómala con el asombro de esa condena en primera instancia, donde se obviaron las pruebas y se favoreció al magnate local.

El refranero multilingüe dice que "la mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo", señora Begoña Gómez. Yo me acojo a la justicia divina, al karma, a la dimensión esotérica y espiritual lejos de la dimensión terrenal.