Lo que la Democracia, u otros en su nombre, nos trajo sin pretenderlo, fue un sinfín de motivos para la división, cuando se trataba de reunificar a los españoles bajo una sola ley. Tanto café para tantos no hizo sino desviar el objetivo primigenio que era unir a los españoles tras tanta separación, para traernos un sistema, el autonómico, que apostó por la disgregación de sus territorios y comenzó a crear zanjas de diferencias entre unos españoles y otros, multiplicando tanto motivo que, se creían, debería haber servido de unión. 

A partir de ahí la Patria comenzó a parir legislación y más legislación ante la que el español se ha visto cada vez más indefenso. Primero los estatutos de autonomía, para que quedasen palmarías todas y cada una de las diferencias a las que tan bien se agarraron algunos para traernos hasta la problemática actual: el separatismo desaforado. Después todo el corpus jurídico, para ir puliendo mejor cada línea territorial de división administrativa. Así pasamos de la división ideológica, que permaneció y continua latente y vigente, a la división y desigualdad territorial. Nada quedó libre de semejante invento, transferencia a transferencia, en cada materia competencial.

Nuestra bienintencionada Constitución, en la que creo a pesar de lo escrito, requeriría pues, como se dice ahora, de “una miraita”. Pero “una miraita” destinada a su propia autodefensa. La inconmensurable biblioteca jurídica de legislación española redactada desde el 78 no ha hecho más que derivar y multiplicar las instancias donde conocer del tema y, con ello, demorar la efectiva defensa de nuestra Carta Magna y cuanto hay en Ella de expresión de la unidad de todos los españoles. 

Se trataría, quizá, de una actualización de los términos, de una nueva redacción de ciertos artículos desde cuya primera lectura se frustren concluyentemente las pretensiones hermenéuticas interesadas de la misma, esas que hacen rebosar España de justificaciones e interpretaciones dirigidas al desencuentro y la separación entre connacionales.

Entretanto, la defensa de lo principal a día de hoy va de Sala en Sala, de unas y otras ramas del Derecho, esperando que alguien resuelva para poder volver a imponerse como Norma Fundamental del Estado. Y ya vemos a quién está interesando eso ahora. Como también padecemos que nada haya en nuestra legislación, no digamos ya en la propia Constitución, destinado a su autodefensa contra la satrapía. Y si lo hay ¿por qué todos callan?

Va siendo hora, en medio de tanta ola reformista, de atreverse, de osar el levantamiento de los muros necesarios ante las intentonas de golpes y de hundimiento de nuestra razón de ser democrática. Si eso requiere de la prohibición de los partidos independentistas (otras democracias cercanas ya lo disfrutan), hágase. Si lo anterior, la satrapía, demanda de medios que anulen lo despótico en cuantas decisiones reflejen el ostentoso ejercicio del poder del presidente al mando, aplíquese el medio del que se dotare a nuestra Ley Primera para relevar en el cargo al sátrapa de turno. Porque si semejantes medios ya existieren y no se hubieren aplicado, habríamos ya de darnos por, definitivamente, perdidos.