La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) reitera su respaldo al periodista de El Confidencial Ignacio Cembrero, ante el hostigamiento que sobre él ejerce, desde hace tiempo, el Reino de Marruecos, especialmente tras denunciar que los servicios secretos marroquíes espiaron, mediante el programa Pegasus, a titulares de teléfonos móviles españoles, entre ellos el propio informador.

El último episodio de ese hostigamiento se ha producido tras la ampliación de una demanda contra el periodista que los abogados del país magrebí han presentado tomando pie de un informe del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno español, en el que se señala a Rusia y China como países que espiaron a España, pero no se hace ninguna mención a Marruecos.

La APM ha decidido conceder amparo a su socio Ignacio Cembrero, por entender que las autoridades de Marruecos pretenden, con sus actuaciones judiciales, amedrentar al periodista para evitar que, en el libre ejercicio de su profesión, siga denunciando las irregularidades que observa en el país magrebí.

Asimismo, la APM reclama a las autoridades españolas que actúen por los canales oportunos para defender el derecho a la libertad de expresión de los periodistas de nuestro país cuando esta se ve atacada por dirigentes de otros Estados. En este sentido, recuerda que, el 19 de enero de 2023, el Parlamento Europeo denunció la intimidación y acoso judicial de Marruecos sobre Ignacio Cembrero, en una resolución que solo contó con los votos en contra de los socialistas españoles y los eurodiputados franceses del antiguo Frente Nacional.

De igual modo, la APM pone de relieve que el pasado 27 de febrero, la Eurocámara aprobó la denominada ley anti-SLAPP (Strategic Lawsuits against Public Participation o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) para proteger a los periodistas objeto de demandas manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos planteados por individuos, grupos de presión, corporaciones u organismos estatales que busquen intimidarlos, silenciarlos y censurarlos a través de largos y costosos procesos judiciales.