Desde UCMR (Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias) han puesto en marcha una campaña estatal de recogida de firmas contra los avisos previos que desde las distintas administraciones autonómicas se dan a las residencias cuando van a ser visitadas por las inspecciones.

"A día de hoy, en la mayoría de las comunidades autónomas, los responsables de las residencias y demás centros de atención a dependientes son avisados, con antelación, de las visitas de las inspecciones de servicios sociales, incluso, en caso de denuncia son informados del objeto de la misma con el tiempo suficiente para ocultar lo que no quieren que vean las inspecciones y simular un impecable funcionamiento", han explicado en una nota de prensa, en la que continúan: "Esta práctica corrupta y delictiva de las administraciones, boicoteando sus propias inspecciones, constituye uno de los mayores atentados contra el buen funcionamiento de los centros socio-sanitarios y, en definitiva, contra la correcta prestación de los servicios sociales que, por imperativo legal, tienen la obligación de garantizar. A nadie se le escapa la proximidad temporal de una inspección, todo cambia en la residencia. Sabemos el día exacto de la inspección: la comida es de más “calidad” y más abundante, en los turnos se incrementa el personal, se resuelve la sobreocupación ocultando o trasladando a las personas usuarias a otros centros…y la víspera acude el servicio de mantenimiento".

"Trabajadores, familiares, usuarios, asociaciones de pensionistas y otras, llevamos años denunciando públicamente y ante los poderes públicos esta práctica. Los responsables de las Administraciones, una y otra vez, niegan con arrogante despotismo “la mayor”. Con el mismo descaro repudian la apertura de una investigación sobre los hechos denunciados. Clara evidencia de su implicación en las filtraciones".

"Esta actuación ilícita de las Administraciones -concluyen en el comunicado- tiene por finalidad garantizar la impunidad de los centros “amigos” en detrimento de los cuidados y derechos de las personas más vulnerables y del cumplimiento del mandato del artículo 9.2 de la Constitución. Como conclusión, diremos que los “chivatazos” descritos non son más que un eslabón dentro de un proceso torticero, en el que se muestra la frivolidad con la que los responsables de las Administraciones actúan ante los problemas sociales. Cítese, caducidad de expedientes, resoluciones de reclamaciones en serie, prescripción de faltas, sanciones ridículas en las que el lucro es de docenas de miles de euros superior a la sanción (rateos), fallecimientos sin esclarecer, malos tratos sin investigar..."