Todo empezó en 2013, cuando el Gobierno de Juan Vivas adjudicó en baja temeraria el servicio de limpieza viaria de Ceuta por 15.569.021,07 millones de euros anuales con IPSI incluido (cantidad irrisoria que ha ascendido con las sucesivas ampliaciones a 23 millones), a la U.T.E, participada en un 66,4% por Africana de Construcciones y Contratas, sin experiencia alguna en el sector ( con adjudicaciones de todos los colores por parte del Ejecutivo de Vivas) y con un 33,5% por Lirola Ingeniería y Obras que procedía de Almería y sí contaba con las exigencias para prestar este servicio. Quiere decirse que ya empezaba viciado este contrato, preludio de no pocos sobresaltos sucesivos con el paso del tiempo.

Un contrato que expiró el pasado 1 de febrero, pero que pese a estar prevista su caducidad, el Gobierno de Vivas permitió deliberadamente la situación para obligar a esta UTE a seguir prestando el servicio un año más "por su carácter básico y prioritario del que no resulta posible prescindir bajo ninguna circunstancia". Obsérvese cómo políticamente, (de manera negligente o intencionada) se prorroga un servicio con caducidad prevista ¡10 años antes! dejándolo caer para prolongarlo a dedo y seguir nutriendo la cuenta de resultados empresariales con el dinero público. Una felonía de órdago de quien se explaya en recurrir a la legalidad (dime de qué presumes y te diré de qué careces), llevando la situación a una prórroga intencionada para negociar mientras con el PSOE de Juan Gutiérrez, los apoyos políticos que no han resultado al final, primero por la negativa socialista y después por imposición de Génova. Este es el filibusterismo político con dinero público de por medio.

Se aludió a que habría adjudicataria después del verano, a la vista de los incumplimientos y continuos requerimientos que en la trayectoria de prestación del servicio acarreó tantas disputas y críticas ciudadanas por la deficiente limpieza prestada. Después de dos propuestas de municipalización de TRACE llevadas a Pleno por el grupo Vox, todos los partidos se opusieron, no velando por el interés general, sino por ir contra un partido al que todos también han tenido secundar claudicando y obligados a apoyar en lo que propuso, y sólo la falta de criterio político, incoherencia e inquina, se oponían a lo que era más razonable y beneficioso para los trabajadores, aún cuando Juan Gutiérrez bien que se encargó en "envenenar" a todos sus compañeros (defendiendo su gran yacimiento de filiación al PSOE y a UGT) engañándoles y diciéndoles que habría de superar un examen para su incorporación al Ayuntamiento como entidad municipal o que sus sueldos se iban a ver mermados. La única verdad es que el responsable general de Trace (Juan Gutiérrez), pierde su capacidad de maniobra en favor de la empresa y no podrá especular más con las colocaciones de fines de semana para gentes necesitadas, como ha venido sistemáticamente haciendo, repartiendo el empleo como si fueran caramelos, hasta el punto de vincularlo a la afiliación al PSOE y a UGT. Recuérdese que ya hubo un escrito a la Federal socialista donde se indicó que Trace le estaba haciendo una OPA hostil al partido con visos de corruptela por esas afiliaciones desmesuradas en tiempos de Manuel Hernández y a través de Juan Gutiérrez.

Los problemas con la prestación han sido continuos: conatos de huelga, denuncias de suciedad, y todo tipo de desencuentros. Quiere decirse que ésta era una muerte anunciada y una decisión irreversible para mejorar la limpieza de nuestras calles.

En 10 años de gestión de la UTE los sueldos del personal de la adjudicataria han subido un 25,2%, diez puntos más que el de los funcionarios, algo impensable para lo sucesivo tras la municipalización. Además, la UTE no ha tenido que someterse a las limitaciones propias del sector público en estos diez años a la hora de incorporar personal (serán 512 los subrogados a la nueva sociedad municipal, 167 con contratos a tiempo parcial) y poner coto al absentismo laboral con el 16% de bajas, lo que no deja de ser un grave problema, que de seguir así requerirá de un gasto extra al ente público para sustituciones.

A la hora de normalizar la situación de una empresa convertida en "chiringuito" del PSOE y más propiamente de Juan Gutiérrez (con anuencia empresarial), ha surgido que una de las cuestiones a poner en orden es regularizar las situaciones fraudulentas existentes como la antigüedad de una empleada muy allegada a Gutiérrez que entró a formar parte de la empresa con otras veinte más en diciembre de hace dos años, y se dice que se le ha puesto una antigüedad de 2008. Este tipo de irregularidades que conocen todos los empleados de Trace es lo que convierte a esta empresa en un "nido" de irregularidades y abusos como un reino de taifas al estilo de la trama de Koldo con las mascarillas a nivel nacional, al igual que los "derechos" de colocación hereditaria de padres a hijos como si se tratara la empresa de un legado familiar de carácter hereditario. Una desvergüenza que ahora finaliza como el empleo (mejor pluriempleo) de Juan Gutiérrez que parece ha optado por continuar en la vida política y renunciando, por incompatibilidad, con su cargo de encargado general de TRACE.

Ha quedado desactivado el régimen de colocaciones "made in Gutiérrez" pero han de esclarecerse los abusos y fraudes enquistados como esa presunta antiguedad fraudulenta de la que hablamos de una empleada de la oficina que accedió a la empresa en 2021 y le han "colocado" en 2008, nada menos que trece años más de los que le corresponderían por su cotización real. Así actúan algunos "socialistos". Con sus tramas y tramos, campando a sus anchas hasta que les dejen. Está por ver si el ahorro que dice el Gobierno de Vivas de 500.000 euros que era el margen de beneficios de la empresa, se produce o no, en el caso de que se diluya con las bajas continuadas de trabajadores a las que nos tienen acostumbrados, a las que habrá que poner algún dique de contención para evitar dispendios innecesarios. Cabe esperar una nueva dinámica de rigor y legalidad.