Asisto a una charla sobre Naciones Unidas que impartía una persona conocida. Siempre es interesante aprender nuevas cosas de quién ha estado trabajando en aquel maremágnum de difícil comprensión para los profanos.

Pero tengo que confesar que me sorprendió una afirmación un tanto categórica: piensa que en España los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -formulados para el horizonte 2030- se han politizado excesiva e innecesariamente.

No es la primera vez que escucho una afirmación semejante. Anteriormente se la había oído decir a otra persona, también conocida y también sujeto de mi más firme admiración, como es el caso que estoy relatando.

Así que, haciendo el ejercicio normal de revisión de los conceptos, no quedaba otra que comprobar la veracidad de la afirmación de estas dos preparadísimas personas.

Y tengo que decir que efectivamente tienen toda la razón. 

Los actuales ODS, para que nos entendamos, son una evolución de los fracasados Objetivos de Desarrollo del Milenio, formulados en el año 2000 con el horizonte de 2015. Quizá porque su elaboración se gestó en la Secretaria General sin tener en cuenta a los países miembro de la Organización, la realidad es que fueron muy difíciles de implementar, aunque se realizaron ciertos esfuerzos en hacerlo en los países en los que la ONU tenía un misión en marcha. Basta echar un vistazo a las medidas de efectividad que elaboraban algunas Misiones Conjuntas de Verificación.

Así que sensu contrario, se pretendió sustituirlos por objetivos esta vez consensuados con la mayoría de los países. Y así nacieron los ODS actualmente en vigor. De apenas ocho objetivos del milenio hemos pasado a 17.

Tanto da. En realidad son objetivos que todos podemos suscribir. A ver, ¿quién está en contra de erradicar la pobreza? ¿o de que todos los niños puedan acceder a la educación? ¿o de que no haya desigualdad de trato por tener un sexo diferente? Y así con los diecisiete. Yo, por lo menos, los suscribo. Los diecisiete. Sin cambiar ni una coma de su actual redacción.

El problema no está ahí, en su redacción. El problema está en el impulso, seguimiento y cooperación para la implementación, tal y como dice el Ministerio del ramo. Porque dada la redacción de cada objetivo -que es asumible para todas las culturas-, cada implementador interpreta lo que le da la gana.

También es verdad que parte de la documentación que se ha elaborado parte de esos pequeños grupos que trabajan al amparo de la Organización y que no son parte de ésta, pero nutren con ideas las posibles líneas de desarrollo de cada objetivo. Como puede vd. adivinar, el denominador común de estos grupos es que son woke, es decir, la versión posverdadera de la progresía. (Aclaro aquí el neologismo: posverdad es como los progres llaman ahora a la burda mentira).

Que quede claro. Estos grupos no forman parte de la Organización, pero la alimentan. Y al final la propia Organización acaba basándose en las ideas de estos grupos. Así los Departamentos acaban consultando a comisiones nada representativas de nadie, y al final se acaba adoptando sus ideas. Por poner un ejemplo: el comité de expertos que emitía sus recomendaciones al respecto de las actuaciones a desarrollar durante la pandemia y consecuente confinamiento. Y que al final acababa defendiendo frente a los focos un comunista etíope.

Resumiendo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son perversos en sí mismos. El problema viene cuando se intentan aplicar a partir de una interpretación torticera de los mismos, en la que el acceso a la salud y al bienestar (ODS nº 3) acaba convirtiéndose en una serie de políticas conducentes a la reducción de la población mediante cualquier procedimiento. O cuando uno de los objetivos a evaluar a la hora de comprobar el acceso a la educación de calidad (ODS nº 4) es que los menores de 9 años tengan educación sexual y reproductiva, tal y como contempla UNICEF.

Y a esa interpretación progre es a la que llamamos “Agenda 20-30”. Y si no queremos sufrir las consecuencias de esta aplicación que arruina nuestros cultivos e hipersexualiza a nuestros niños (entre otros males) lo que urge es aplicar otras políticas, que son posibles sin necesidad de denunciar el acuerdo internacional que suscribió España.