La semana ha estado marcada por dos acontecimientos, el empobrecido debate sobre el proyecto de ley de amnistía en el congreso de los diputados donde a la cara de los ciudadanos unos políticos ladrones, pretenden colocarse por encima de la ley, para ser completamente inmunes a ella y no tener que rendir cuentas ni ante la justicia ni ante nadie por sus acciones corruptas; y, en nuestra tierra, la entrada de menores en grupos de diez cada día bordeando el espigón de Tarajal.

Entender las relaciones de causalidad forma parte del razonamiento científico y por eso a lo primero hay que decir, pues resulta evidente, que se trata del efecto de la desvergüenza, la indecencia y la deshonestidad que se ha instalado en España para la que el fin justifica los medios y que delata el estado o calidad de las personas que dirigen el destino del país. La causa es su enajenación debida al clímax que les proporciona el poder ejecutivo. Es tanto que llegan a separarse de la realidad y confunden democracia y absolutismo. El poder les ciega y no les basta con hacer la ley, se confunden con la ley misma para terminar creyéndose por encima de ella. No es nuevo, se lo digo por experiencia, ya le pasó a Luis XIV quien dijo aquello de "Yo soy la Ley" y por eso, nada más que puedo escribir para hacer comprender a los ciudadanos que la separación de poderes es la base del equilibrio y que quienes hoy hacen la ley no son libres para decidir, están rendidos a la dictadura de los partidos, especialmente del que gobierna ante el que adoptan una posición sumisa para aceptar sus imposiciones -disciplina lo llaman-.

A lo segundo, es la consecuencia directa e inmediata de la sentencia del Tribunal Supremo constatando la idiocia de la administración que hizo las cosas mal devolviendo menores, la causa. El efecto es que cualquier chico desesperado -o ensoñador- del país vecino al que se le pase por la cabeza la feliz idea de que en España alcanzará un porvenir, tras la sentencia ya sabe que no tiene más que echarse al mar porque será rescatado por la Guardia Civil o por la Cruz Roja e ingresará en un centro de menores donde logrará empezar una nueva vida y un futuro en Europa.

Sobre la causa, el que el alto tribunal haya constatado de forma indiscutible que la administración actuó mal en el procedimiento de devolución de los menores a su país de origen es confirmar que los administradores o no tienen habilidades o no tienen conocimientos suficientes para realizar su tarea correctamente. En lo primero podría haber indulgencia ya que es evidente que no todos son hábiles para todo, en lo segundo no hay perdón porque en los procedimientos de selección de su personal la administración suele ser exquisita para escoger a sus funcionarios, por lo que es necesario evacuar de la obscuridad lo que sucedió realmente que no fue otra cosa sino el resultado de una decisión política que vulneró el sistema de derecho y que fue ejecutada por personas obedientes al mandato político y no a la ley.

Sobre el efecto resulta llamativo que la agrupación para el paso de menores sea en diezmos, porque ello inspira la idea de que un número mayor de personas no puede escamotearse a los ojos del que vigila ¿será que el que vigila sólo acepta que sea esa la cantidad máxima de personas que pasen? o ¿Será que el "Caíd" un corrupto o que esas prácticas de tomar dinero por mirar para otro lado no existen en Marruecos? O, del que acoge, ¿será que es esa la cantidad máxima de menores que pueden recibirse sin que falle el sistema de acogida? o ¿será una combinación de ambos? Esto último sería lo menos malo porque significaría que existe una situación de hecho, consentida entre España y Marruecos, para moderar un efecto incontrolado de inmigración porque, de no ser así, ya podríamos prepararnos para otra avalancha esta vez mucho peor que la del 17 de mayo de 2021. Muchos interrogantes de cara al futuro y eso es lo peor para Ceuta, que se dejen incógnitas de futuro sin resolver, estaremos atentos a las estadísticas vaya a ser que se produzca un efecto llamado y las cifras de menores marroquíes acogidos crezcan exponencialmente. En cualquier caso, los responsables políticos y funcionarios deben responder por su mala praxis y ahora vendrán las resoluciones de las causas penales abiertas, aunque los intelectuales -Marlaska y Vivas- se irán de rositas ya que como en ajedrez los peones -en este caso las damas- se sacrificarán para proteger a sus respectivos reyes.