El pasado 18 de este mes se conoció que la Ciudad Autónoma de Melilla remitió a la Fiscalía el caso de un empresario por la deuda que mantiene con el IPSI y que podría alcanzar el millón de euros.Un individuo que compró grandes agencias de transporte en Melilla (Cabo Express, Melilla Express, Transportes López Almedáriz y Agencia Mérida). El mismo grupo que aquí compró la empresa Pérez Muñoz. Un personaje que se dedica a comprar "a buen precio" empresas en declive o al borde del cierre y que cobraba el IPSI a sus clientes sin ingresarlo en las oficinas de Aforo, acumulando una deuda de un millón de euros.

Este empresario también opera en Ceuta y está por ver si aquí, las autoridades fiscales han investigado si la situación es similar a la que se ha detectado en Melilla, porque lo cierto es que la ¿corrupción-olvidos? a nivel institucional es notoria y notable. De ahí que la oferta a sus clientes sea prácticamente de regalo, provocando una competencia desleal, amparada en la escasa o nula investigación de las razones que les llevan a estos márgenes tan exigüos. Y me explicaré:

Desde 2021 el órgano administrativo Junta Arbitral de Transporte ni existe ni está operativa en Ceuta.Desde que se jubiló quien estaba al frente de la misma, la Ciudad Autónoma no ha tenido la menor intención de activarla, con una pasividad que supone una dejación clamorosa de funciones. Se incumple una obligación y sin embargo, se mantiene como inactiva. De manera que la resolución de conflictos quedan en "stand by" o te remiten a la reclamación judicial en cuestión de denunciar impagos y otros conflictos.

Es un ejemplo palmario de la nula importancia que se le concede al transporte en Ceuta, una actividad logística fundamental por el aislamiento y las singularidades, tantas veces reclamadas por Juan Vivas, que no son óbice para este desamparo flagrante que es una evidente contradicción.

La existencia de una única inspectora de Tranportes para toda Ceuta, lleva a que circulen más de veinte camiones de una misma empresa "tutelada" sin Tarjeta de Transpoprtes, hecho que, en circunstancias normales, invalidaría la legalidad de estos tránsitos que se producen a diario con entrada en el puerto y circulan por toda la ciudad. No se hacen campañas de control, porque tal vez no interesen, como tampoco se controlan las Tarjetas de Transportes que están o no en vigor en toda la flota de camiones que desembarcan a diario en el puerto ceutí. Una conducta tolerante cuando no negligente, pese a que en la página de Fomento y Transportes, figura la caducidad de todas las empresas logisticas que operan en nuestra localidad.

Cualquiera que se de una vuelta por el puerto o la ciudad, puede introducir en la página de Fomento las matriculas y tienen acceso público a la situación legal o no de la misma. Por tanto, sorprende que cualquier usuario, con dos click lo pueda saber y todas las autoridades, con sus buenos sueldos, no sean capaces de cumplir con su obligación y comprobar este ¿fraude? que se comete con varias decenas de camiones del mismo empresario, pese a que luego Vivas se ofenda mucho cuando Aróstegui le decía que tiene empresarios amigos.

Si alguien tiene la osadía de denunciar este fraudulento episodio, las distintas instituciones te marean: No recepcionan la denuncia en el Registro de la Ciudad y te remiten a la plataforma donde has de reflejar nombre y apellidos (no hay problema de Ley de Protección de Datos), si acudes a la guardia civil del puerto, pese a que a diario ver pasar los camiones ilegales, te envían a Fomento de la Ciudad Autónoma y aquí te indican que se haga el trámite telemáticamente, la policía local tampoco quiere saber nada de camiones que circulan ilegalmente por la ciudad y te remiten a la fórmula telemática, con lo cual el desinterés es patente y, como bien decían Mariano José de Larra, el "vuelva usted mañana", se convierte en una patata caliente que nadie quiere afrontar estas ilegalidades que "apestan" a ¿corrupción? a gran nivel con nombre y apellidos del infractor.

De manera que se denuncia una presunta ilegalidad identificando al infractor, y la autoridad ni se persona en las instalaciones del individuo ni tiene el menor atisbo de indagar nada. 

Esta es la ciudad de la ¿corrupción?, donde no se clausura ni se cercena la ilegalidad flagrante, donde se elude la recepción de denuncias formales y tampoco se retira la tarjeta que le permite operar como empresa logística: pérdida de honorabilidad que acarrea (en vigor desde 1.987 Ley de Ordenación de Transportes terrestres). Se pierde esta condición cuando se realizan transportes sin la debida autorización o subcontratan transportes sin estar autorizados. Demasiados ¿fraudes? concatenados en una trama con muchos implicados por omisión de sus funciones legales.

Así se hacen negocios en Ceuta con el ¿fraude? como compañero de viaje (nunca mejor dicho) y con la anuencia-complicidad de quienes ni ejercen sus funciones ni protegen la legalidad. En el pecado llevan la penitencia por tanta ¿corrupción? política y de la otra. Son muchos los presuntos implicados en este "affaire" donde siempre sacan ventaja los mismos por la indolencia de la cúpula dirigente.