Mientras en Ceuta se reparten buybonos, nos enteramos por el diario.es que el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, ha cerrado sus pisos turísticos ubicados en un edificio destinado a oficinas y viviendas en la calle San Bernardo 41 de Madrid después de tres años sin licencia y ello a pesar del plan para legalizar la situación y que el edificio cuenta con una licencia de primera ocupación desde 2012. Curioso el silencio mediático, que pesa como una lápida cubre bocas de los voceros empesebrados del gobierno local ¿Será porque la senadora del PP por Ceuta es pareja del hermano del presidente de la Cámara? Y, claro, hablar mal del ayuntamiento de Madrid no conviene, como tampoco que un representante de una institución pública como la Cámara de Comercio ejerza actividades comerciales sin licencia.

Sea como fuese no pasa nada porque en nuestra ciudad existen muchos ejemplos de actividades sin licencia que se llevan a cabo todos los días y los funcionarios municipales no son capaces de regularizar la situación, incluso se levantó un edificio de ¡siete plantas! con plena ocupación en plena calle central del príncipe con menos papeles que “el pastilla” detenido en Alemania.

Las obras de construcción del edificio en cuestión incluso fueron paralizadas por el juzgado y, a pesar de ello, nunca se detuvieron, sin promotor, ni propietario conocido. Da gusto ver que bien funciona la administración y la justicia.

De esta última no quiero ni hablar porque le dedico mucho tiempo y muchas letras, aunque desgraciadamente me veo en la obligación de comentar la reciente sentencia del Tribunal Supremo confirmando que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal al no seguir el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería según informa el departamento de comunicación del poder judicial.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en línea con la fiscalía (me viene a la memoria cada vez que la pronuncio aquello que dijo el presidente Sánchez de ¿de quién depende la fiscalía?) dice que la devolución fue ilegal debido a la "absoluta inobservancia" de las prescripciones de la Ley de Extranjería, destacando "que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores, ya que la Administración no consideró el interés de los menores ni examinó sus circunstancias individuales".

Respetando la decisión del tribunal, me resulta inaudito que haya prosperado este sin sentido por la nulidad de entendimiento de la abogacía del estado en presentar los hechos de manera objetiva y porque de haber derivado la situación de otra manera, probablemente hoy no escribiríamos desde Ceuta sino desde Algeciras y ustedes no estarían leyendo esta noticia en nuestra tierra.

Aplicar la Ley de extranjería y "un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal" es un sinsentido ante una invasión de más de quince mil personas por muchos menores que hubiera ya que, ojo, la próxima vez podrían ser medio millón (como en la marcha verde) y con esta misma sentencia, sin atenuantes ni agravantes, se le coloca una alfombra al camino del país vecino. Concluye la sentencia que "la aquiescencia de otro país no dispensa a las autoridades españolas de actuar con sujeción plena a la Constitución y a las leyes" y “va en ello la respetabilidad de España como Estado de derecho”, pero es que el Estado de derecho no se respetó, diría más bien se terminó, en el mismo momento en que una horda allanó el artículo séptimo del Tratado de Paz entre España y Marruecos de 1859 (¿vigente?) pasando por encima del campo neutral y de los límites del territorio español. Jus ad bellum.

Al caso y sea como fuere a la vista está que Ceuta es como una ciudad donde las leyes parece que no se respetan o como se dice coloquialmente: la justicia y el derecho no atraviesan el Estrecho. Que cada cual extraiga sus propias conclusiones.