El Senado ha aprobado este miércoles una moción, a iniciativa del PP y procedente de la Comisión General de CCAA, en contra de la Ley de Amnistía y en defensa de unidad nacional, por la que insta al Gobierno a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, para tratar estos asuntos y su impacto sobre los principios de igualdad y solidaridad, así como sobre nuestro modelo de Estado autonómico.

El portavoz del PP en la Comisión General de CCAA, Antonio Silván, censura las mentiras constantes de PSOE: “decían que no iba a eliminarse el delito de sedición y está eliminado; que no iba a modificarse el delito de malversación y está modificado; que no iba a haber amnistía y hay proposición de Ley de Amnistía; que no iba a haber verificador internacional y hay verificador internacional; y que no iba a haber “lawfare” y problemas con Europa y ya han comenzado”.

Chantaje, humillación, pero también gran fraude electoral”, de eso estamos hablando asegura el senador del PP, que recuerda que, en campaña electoral, los diputados socialistas dijeron que no habría amnistía. “¿Y ustedes senadores socialistas se van a humillar también ante el prófugo de la justicia? Están a tiempo”, apela a los socialistas.

Silván remarca que la presentación de esta esta moción está plenamente justificada, “porque a los españoles no se les puede imponer que acepten, que pasen por alto, el hecho más grave que ha ocurrido en la democracia española desde el 23 de febrero de1981”.

“Hoy 42 años después, el muro lo levanta el propio presidente del Gobierno”, denuncia Silván, al tiempo que recalca que, “a un lado del muro está Sánchez junto a los que han cometido los delitos, los actos violentos y democráticos y los que los amnistían; y al otro lado del muro estamos los que condenamos lo uno y lo otro”. “La amnistía es el ‘Black Friday’ del Código Penal”, porque todos los delitos cometidos han salido “gratis”, supone que los delincuentes condenados tenían razón, una “desigualdad manifiesta” entre los españoles y que el poder Ejecutivo “rompa la separación de poderes” y deslegitime la acción del poder Judicial, señala

Ley General de derechos de las personas con discapacidad

“Queremos una España más inclusiva, sin barreras y sin muros, con ciudadanos libres e iguales”, señala el senador Bienvenido de Arriba, al defender la propuesta del GPP para toma en consideración de la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, para la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad, que ha sido aprobada, con la abstención del PSOE.

De esta forma, “se reducirían las cargas administrativas a los ciudadanos al no tener que acudir al reconocimiento paralelo de discapacidad y supondría un ahorro público de recursos”, afirma el senador por Salamanca.  En palabras del senador popular lo más importante es que se consigue “facilitar y mejorar” las condiciones de vida de las personas, reforzar el reconocimiento y la protección de sus derechos y “abrir nuevas posibilidades de apoyos y acompañamiento público a las personas reconocidas en situación de dependencia”.

Por ello, “desde el Partido Popular no nos cansaremos de reivindicar la importancia de promover los derechos y el bienestar de las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad con el objetivo de lograr una sociedad lo más inclusiva y accesible posible, una meta para la que debemos trabajar juntos y todos los días” señala, GPP SENADO.

Afea las críticas vertidas desde el PSOE durante el debate de la propuesta, “más empeñados en hacer oposición a la oposición, en deshumanizar al PP y en deslegitimar a la mitad de los españoles, como su única acción de gobierno; que en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y atender a los más indefensos”. En este sentido, recuerda las “intolerables” listas de espera existentes en dependencia y el rechazo del Gobierno a la petición de varias CCAA planteada al IMSERSO, para simplificar el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y que la herramienta informática del Ministerio facilitara el trabajo de las comunidades. “No hicieron caso ni a una cosa ni a la otra, consiguiendo que los procesos de valoración sean mucho más lentos y se disparen las listas de espera”, incide.

“El resultado de su gestión después de estos últimos años, pese a la propaganda y los discursos populistas, no avala ningún escudo social y desmonta todo su discurso político”, afirma De Arriba dirigiéndose a la bancada socialista. Esta iniciativa legislativa materializa la reivindicación abanderada por el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), presentes hoy en la tribuna de público en la Cámara Alta, y otras entidades y asociaciones que “siempre han ido por delante, contribuyendo a llegar donde la administración no llegaba, tejiendo la verdadera red de seguridad hacia los más vulnerables”, tal y como destaca De Arriba.

Pone de manifiesto la importancia de la aprobación de la toma en consideración de la modificación de la Ley porque “siempre es mejor un acuerdo con razones de unos y de otros, frente a las verdades absolutas” y considera que hoy se da “un paso positivo para todos, para las razones de todos, y, lo que es más importante, para las vidas de aquellos que tienen discapacidad o dependencia y esperan que su gobierno, sus administraciones, les den soluciones y les ayuden en lugar de complicarles las cosas”.