El futuro de Dolores Delgado pende de un hilo. La que fuera ministra de Justicia durante casi dos años bajo en el primer gobierno de Pedro Sánchez hasta enero de 2020 y después fiscal general del Estado entre 2020 y 2022 recibió ayer un duro golpe: el Tribunal Supremo anuló su ascenso como fiscal de sala al apreciar "desviación de poder" a su propuesta para asumir la Fiscalía de Memoria Democrática. 

Delgado, cercana al exjuez Baltasar Garzón y especialista en terrorismo yihadista, calificó la sentencia de "injusta" en una entrevista que se emitió ayer en la Cadena SER y anunció, con la voz entrecortada, que pelearía "hasta las últimas consecuencias" y que recurrirá. 

El Supremo admitió este martes el recurso a su nombramiento presentado el pasado noviembre por el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, que también aspiraba a la plaza de Memoria Democrática. El Alto Tribunal explicaba en una nota de prensa que la desviación de poder consiste en “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.

"En este caso, la sentencia considera acreditado que la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor", señalaba la nota, que añadía que estas acciones "se apartan de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito".

Asimismo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de Dolores Delgado tras la decisión del Supremo. 

Historial de críticas

Sin embargo, las críticas hacia Dolores Delgado no son nuevas. Su paso sin error de continuidad del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado dio más munición a la oposición (el entonces líder popular Pablo Casado la llamó la "ministra número 23" y el presidente de VOX, Santiago Abascal, consideró que era "otro golpe institucional más" al Estado), y levantó ampollas entre las propias filas del PSOE.

Durante su mandato al frente de la Fiscalía, además, se enfrentó con sus antecesores y sus compañeros y dejó abiertas importantes investigaciones como las de las residencias de mayores durante la covid, la muerte de inmigrantes en la valla de Melilla o la llamada operación 'Stampa', que implicaba al excomisario Villarejo. En su última etapa como ministra, además, la Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF) la denunció por poner en riesgo a los ficales durante la pandemia, aunque la demanda fue rechazada.