El Partido Popular, VOX o el sindicato Solidaridad no son los únicos que han arremetido en las últimas horas contra los acuerdos que ha alcanzado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en su camino a la investidura, anunciada para el este miércoles y juevos, días 15 y 16 de noviembre.

Patronal

La CEOE ha mantenido esta mañana un comité ejecutivo extraordinario y de urgencia ante la "grave preocupación existente en el mundo empresarial" tras el acuerdo entre el PSOE y Junts, pero también el referido a la transferencia de competencias pendientes al País Vasco. En particular, la patronal española advierte de los riesgos de "inseguridad jurídica" para las empresas españolas. Más explícitos han sido los representantes de la Confederación de Empresarios del Sur de España (CESUR), que alertan de que están en riesgo las inversiones y el desarrollo económico en el país.

CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritario en la administración del Estado, ha hecho una valoración crítica de estos pactos y ha mostrado su preocupación por su contenido. En primer lugar, su presidente, Miguel Borra, ha rechazado "cualquier intromisión en la independenbcia judicial y ante el prinicipio básico de igualdad ante la ley", por lo que ha anunciado que se opondrán si esto ocurre.

También ha subrayado que su organización defenderá "el ordenamiento jurídico y la independencia de los empleados públicos frente al gobierno de turno", así como ha asegurado sentirse preocupado por "que se quiebre la equidad entre administraciones". "Entendemos que los acuerdos económicos pueden causar diferencias entre las autonomías y en los servicios que reciben nuestros ciudadanos", ha señalado.

"Rechazamos la ruptura de la caja única de las pensiones, la pérdida de competencias del gobierno en el empleo público, en los títulos universitario, en la formación de nuestros médicos o que se renuncia a las competencias en materia de legislación laboral, es un despropósito", ha aseverado, para señalar que CSIF adoptará "las medidas necesarias para evitar que se quiebre la igualdad entre españoles", ya que los empleados públicos son "los garantes" de los principios que sustentan el Estado Social y de Derecho.

Tribunal Supremo

Por último, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha remitido un comunicado este lunes, que se ha aprobado por unanimidad, en el que recuerda que "el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes". 

El texto también afirma que "el ejercicio de función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".

Por último, el Supremo enfatiza la necesidad de "preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado", uno de los compromiso a los que el PSOE ha llegado con Junts, el llamado 'Lawfare' o la judicialización de la política.