Los tres sindicatos han elevado su protesta al Ministerio tras conocer la decisión del Consejo de Ministros y el departamento de Pilar Llop nos ha planteado retomar las negociaciones en cuanto haya un nuevo Gobierno. Nuestro sindicato advierte de que, de no ser así, se volverán a retomar las movilizaciones.

Como ya advertimos el pasado julio y reiteramos con ocasión de la apertura del año judicial, no vamos a pasar por alto -y el personal de Justicia no va a olvidar- la pésima gestión del conflicto por parte del Ministerio que dirige Pilar Llop y el clasismo, agravio y desprecio mostrados hacia el 93 por ciento de la oficina, y a los miles de funcionarios/as de Justicia que secundaron las movilizaciones.

En este sentido, siendo conscientes de que un Gobierno en funciones tiene determinadas limitaciones, advertimos al nuevo Gobierno y al nuevo ministro o ministra de Justicia que no va a tener los 100 días de gracia para sentarse a negociar. Desde el minuto uno en que acceda al puesto, debe tener como prioridad la solución del conflicto en la Administración de Justicia, poniendo encima de la mesa una propuesta económica seria, con cobertura de Hacienda, para los 45.000 funcionarios y funcionarias de Justicia de los Cuerpos Generales y especiales de todos los ámbitos territoriales, transferidos o no transferidos. En caso contrario, tal y como anunciamos en el mes de julio, se retomarán las movilizaciones.

En caso de que el nuevo Gobierno no se siente a negociar, recaerá sobre él la responsabilidad del aumento del atasco en los juzgados y tribunales, que colapsará aún más su funcionamiento y cuyas consecuencias pagarán nuevamente los ciudadanos. Los funcionarios/as de Justicia hemos demostrado desde el pasado abril, cuando comenzó el conflicto, que somos capaces de paralizar la Justicia. Sólo un acuerdo sobre una mejora de las reivindicaciones laborales, como planteó el comité de huelga el pasado abril, puede abrir la puerta a la regularización de la situación a través de planes de actuación. El nuevo Gobierno tiene la obligación legal y ética de negociar un incremento salarial para todo el personal de Justicia en los términos aprobados hoy para jueces, fiscales y letrados/as.