El sindicato JUCIL advierte de que una posible amnistía a los presos condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 rompería el estado de democrático y de derecho, al imponer el poder ejecutivo, el Gobierno, un prerrogativa que corresponde al legislativo, las Cortes, que es la de decidir qué es o qué no es delito.

Así lo aseguró ayer esta organización profesional a través de su perfil de X, la antigua Twitter, en una publicación en la que subrayaba su compromiso con la Constitución y con la separación de poderes, en la que "el Parlamento las elabora, el Gobierno las ejecuta y los tribunales hacen que se cumplan".

"Si el Gobierno se autoriza a sí mismo para decidir lo que es delito, en realidad estaríamos ante un golpe de estado dictatorial, en el que un poder se impone sobre los otros dos. Esto rompe con el estado democrático y de derecho", señala.

JUCIL también hace referencia a que, de aceptarse esta amnistía, las órdenes que recibieron los agentes de la Guardia Civil en aquellos días "fueron ilegítimas", lo que en su opinión sería "inaceptable en un estado de derecho, pero sí muy habitual en las dictaduras".