Este 1 de septiembre ha sido diferente para Ceuta. A las 00.00 horas de esta madrugada no solo ha comenzado el noveno mes del año, sino que han entrado en vigor el Real Decreto 1/2023 que acaba con las bonificaciones a la Seguridad Social, uno de los reclamos de las Ciudades Autónomas para atraer empresas, y el 660/2023, con subvenciones que pretenden sustituirlas que no gustan ni a la patronal ni a los sindicatos.

Un cambio en las reglas del juego que la presidenta de la Confederación Empresarios de Ceuta (CECE), Arancha Campos, califica como "un desastre" que ponen en riesgo el tejido productivo ceutí y que incumplen todas las promesas previas de una mejora de las bonificaciones.

"Esto es un castigo a la empresa de Ceuta. No lo puedo entender", lamenta en declaraciones telefónicas a Ceuta Ahora, en las que adelanta que cuando se conforme un nuevo parlamentario, acudirán "sin dudarlo y sin complejos" a defender la vuelta al porcentaje de las bonificaciones para Melilla y Ceuta.

Este último, un territorio en el que a la extrapeninsularidad, a la presión de Marruecos y al cierre de la frontera se suma "un 30% de tasa de paro y un problema importante para la creación de empresas", por lo que una decisión como esta es "un varapalo enorme para el régimen económico de la ciudad y una barbaridad para el tejido económico de la Ciudad". "No lo entendemos", reconoce.

Campos reconoce que nadie les ha explicado las causas del cambio de esta normativa y lamenta que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ahora en funciones, no les haya respondido a la carta que le enviaron desde el Diálogo Social - patronal, gobierno local y sindicatos - en la que mostraban su preocupación por la eliminación de estas bonificaciones, el pasado 16 de marzo.

Todo ello, pese al apoyo de todas las formaciones la Asamblea de la Ciudad, desde la izquierda localista hasta VOX, el gobierno de la Ciudad (PP) y desde la Delegación del Gobierno (PSOE). Una coincidencia que no ha evitado que esta normativa siga adelante, pese a que una legislación similar en materia de autónomos si se revertió en el pasado. 

"Hay empresas a las que le suben hasta 3.000 euros al mes las cotizaciones de la Seguridad Social con este nuevo sistema y hay otras a la que le desaparece la bonificación", lamenta, para matizar que en este momento no tienen el dato de cuántas cumplen los nuevos requisitos, ya que hay una gran cantidad de supuestos.

Requisitos que suponen nuevas "trabas" para un tejido empresarial formado por pymes y autónomos en su mayoría, "con poca capacidad administrativa" y que además implican la pérdida del plus de actividad del 8%, el riesgo de tener dos cotizaciones muy diferentes entre nuevos y viejos empleados y una pérdida de atractivo para la fijación de talento en la Ciudad.

"Todo esto es un tema político. Nosotros hemos hablado con CEOE para que se implicara y lo tienen que resolver los políticos. Esto es el Ministerio de Trabajo y no nos ha dado ninguna explicación. No entendemos como desoyen por completo a todo el mundo", explica.

Por su parte, CECE abordará esta situación en la reunión de su junta directiva y Campos no descarta celebrar una Asamblea General para poner de manifiesto la necesidad de volver al sistema de bonificaciones de la Seguridad Social al 50%.