En el denominado "caso Guerrero", la presunción de inocencia se está vulnerando, según el criterio de su propia familia. En una reciente comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 4, desde un medio de comunicación en Ceuta, "se dio una versión que no respondía a la realidad", porque en las comparecencias del director del centro de Menores "La Esperanza", éste dijo que no había sido amenazado en nombre del exconsejero de Sanidad, y el responsable del SAMU que dijo sufrir daños en una embarcación de su propiedad y en su vehículo, con independencia que confesó desconocer la identidad del autor o autores de estos hechos, también reconoció carecer de peritaje alguno sobre estos supuestos deterioros.

Además, tratar de vincular la grabación de una conversación privada de dos personas adultas con la causa principal del "caso Guerrero", cuando la orden judicial era sólo a la guardia civil para el seguimiento de un supuesto delito de abusos a menores, lleva a considerar que la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, en este caso, se están vulnerando al tratar de vincular a la causa principal que llevó al encarcelamiento al doctor Guerrero por supuestos abusos a menores, a hechos -en este caso-, que le son ajenos por meras especulaciones sobre la autoría de los mismos.

La imputación a Guerrero de supuestos hechos fortuitos o de autoría desconocida, como es este caso, supone que se obvia la presunción de inocencia como derecho fundamental de primer orden y derecho constitucional imperativo; un derecho que sólo se enerva al recaer contra el justiciable una sentencia de condena firme y que, en este caso, algún medio de comunicación parece ignorar en un procedimiento en fase de instrucción, donde se ha criminalizado "con mucha frivolidad, juzgado y condenado" a Javier Guerrero, con informaciones y valoraciones "subjetivas continuas e ilimitadas, sobre la existencia de unos hechos, el grado de una supuesta participación, la relevancia jurídica de los mismos, su culpabilidad e  incluso, el reproche ético o moral sobre una persona que no ha sido aún juzgada", se advierte.

Mezclar la información con la opinión en el relato de los hechos con juicios de valor, bien de forma velada o explícitamente con comentarios o análisis en su mayoría no contrastados, como en este caso, "supone una irresponsabilidad en la actuación, convirtiendo los hechos informativos en una caza de brujas en contra de un inocente, hasta que no se juzgue o recaiga en su contra una sentencia firme de condena", se aclara.  

Además, entiende la familia de Javier Guerrero, que mediatizar a la opinión pública descontextualizando la realidad sobre los hechos que se investigan, con el único fin de influir en la investigación y entrecomillando -como fue el caso de ese medio de comunicación-, "manifestaciones no contrastadas, al informar sobre un presunto delito de daños sobre el que no hay pruebas, y tachando de "organización criminal" a dos personas adultas que conversan de manera privada, sobre un asunto que no tenía relación con el dispositivo instalado en el vehículo particular del investigado,  es un ejercicio de irresponsabilidad, acrecentado al mezclar información con opinión". Y llevando a valoraciones que nada tienen que ver con los testimonios en sede judicial de los afectados, se ha puntualizado.