La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha acusado al Gobierno de "parchear" la Ley de reducción de temporalidad en el empleo público, tras la publicación el pasado 29 de junio en el BOE del Real Decreto Ley 5/2023.

En opinión de este sindicato, la primera controversia que ofrece esta norma es que, si bien en la exposición de motivos se describe como un mandato para las Administraciones Públicas, el articulado "simplemente autoriza a las distintas administraciones, por lo que las faculta para acudir a esa tasa adicional o no".

"Con esta norma, una vez más, el Gobierno quiebra el principio de equidad al no establecer la obligatoriedad para las distintas administraciones de que convoquen esa tasa adicional de plazas, lo que volverá a generar situaciones desiguales entre las administraciones", ha señalado CSIF a través de un comunicado remitido este lunes. 

Otra de las dificultades que ofrece esta regulación es la de la cuantificación de las plazas, ya que en muchos casos el personal interino con un contrato previo a 30 diciembre "ya ha superado un proceso selectivo". Un proceso para el que se ha provista una tasa adicional, pero que no asegura que los interinos con una relación temporal previa al 1 de enero de 2016 logren una plaza fija una vez terminados los procesos selectivos. 

Para este sindicato, el Gobierno ha vuelto a evidenciar "su falta de liderazgo ante un problema endémico" y ha señalado que espera que el Tribunal Constitucional estime que este nuevo proceso selectivo de concurso de méritos se ampara en los tres presupuestos habilitantes sobre dicha excepcionalidad, entendiéndose como una ampliación del regulado en la Ley 20/2021 y por lo tanto considere que esa excepcionalidad se hace por una sola vez.

"CSIF estará vigilante y exigiría a las distintas administraciones que convoquen antes del 31 de diciembre las ofertas de empleo público en la que se incluya esa tasa adicional y que los procesos selectivos se resuelvan en el plazo establecido", ha señalado.