La reciente renovación del convenio de colaboración de la Ciudad con la Comisión Islámica de España en Ceuta, CIE, para el desarrollo de distintas actividades destinadas a fomentar la enseñanza religiosa islámica, ERI, la asistencia religiosa y el mantenimiento de lugares de culto, entre otros, es fallido y estéril en su contenido.

Una subvención que ha venido renovándose desde 2019 a razón de 65.000 euros anuales, dando este año un salto significativo hasta alcanzar la cifra de 95.000 euros. 

Que el Gobierno de la ciudad destine una partida presupuestaria para fomentar la enseñanza de la religión islámica, ERI, en centros particulares es, cuando menos, un disparate mayúsculo en un estado que se declara aconfesional y en un tiempo en el que la sociedad propugna un mayor poder secular,  sin olvidar que esta materia, al igual que el resto de las asignaturas que conforman el currículum escolar se imparte de forma gratuita en centros educativos de la ciudad, y cuyo análisis entra dentro de las competencias atribuidas a la Consejería de Educación, por lo que  financiar esta pretendida encomienda de seguimiento resulta tan absurdo como que una administración pague a las asociaciones, CIE en este caso, para que se reúnan con ella.  

Si tanto interés suscita a la Ciudad esta enseñanza lo que debiera hacer -y no hace esta Consejería- es pedirle explicaciones a la CIE sobre cómo elige a los docentes propuestos para ejercer la docencia de la ERI de Ceuta, pues no hay rastro  de un proceso interno de selección de convocatoria pública basado en los principios de publicidad, mérito y capacidad que exige la norma. 

Ninguno de los 15 docentes que actualmente tienen la fortuna de impartir esta asignatura ha concurrido en un proceso de selección y baremación competitiva; sobre ninguno de ellos la CIE ha publicado puntuación de méritos obtenida como tampoco de los aspirantes que han quedado fuera. A día de hoy, nadie sabe explicar por qué unos son elegidos y otros que ni siquiera han tenido conocimiento de esta oferta.

La propuesta de docentes de ERI continúa siendo un vergonzoso episodio de los muchos a los que nos tiene acostumbrados la CIE; un secreto a voces parcial e interesado de colocación de personas afines y dóciles en obediencia. 

Lo mismo ocurre con el material de formación islámica, obsoleto en contenidos y medios, y cuyos libros son motivo de vergüenza entre los propios docentes.

Otro de los apartados contenidos en este convenio que tampoco debiera ser objeto de subvención, compete a la Consejería de sanidad, organismo responsable de las campañas de información ciudadana en materia sanitaria a la hora de proporcionar indicaciones para las personas que realizan ayuno, al igual que los cuidados que precisan personas diabéticas, embarazadas o población en general ante olas de calor extremo. 

Es necesario traer a colación la concesión directa de los 20.000 euros anuales que el Ministerio de Interior concede a la CIE con el fin de garantizar la asistencia religiosa en los centros penitenciarios, incluida la nómina del imam penitenciario de Ceuta, y que al igual que los docentes de ERI, son propuestos por la CIE a su libre criterio y elección.

No es propio de una administración eficiente duplicar recursos económicos ya incluidos en los presupuestos de otros organismos.  ¡Qué decir de la asistencia religiosa en el Hospital Universitario! cuya competencia, al igual que con la confesión católica, corresponde al Ministerio de Sanidad garantizar y sufragar. 

Asimismo, apremia preguntarse a qué se refiere la Ciudad cuando reconoce a la CIE aptitudes que no tiene, pues las entidades que mayoritariamente conforman la CIE en Ceuta la constituyen la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, UCIDCE, cuyo presidente Laarbi Maateis, es a su vez vicesecretario de la CIE nacional: entidad que tiene a su vez, a su presidente y varios de sus miembros más destacados procesados en causas judiciales muy graves.

Es fácil apreciar que este convenio resulta un duplicado de ciertas actividades que financia el Estado a la CIE nacional, y para las cuales ha recibido desde 2005 la módica cantidad de 17.159.638 euros en subvenciones. 

Subvenciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia para proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social, y para la mejora y el mantenimiento de infraestructuras y equipamiento por parte de las entidades, comunidades religiosas y lugares de culto que también recibía UCIDE y sobre la que ya en 2020 el Tribunal de Cuentas señalaba que UCIDE era la federación que integraba un mayor número de comunidades con deudas pendientes (94), con una deuda global de 73.386 euros, y cuyas memorias de actividades “no presentaban los gastos de forma que pudieran asociarse a los proyectos o actividades realizados. Ello impedía valorar convenientemente el cumplimiento de los objetivos pretendidos…y por tanto, si se había producido una utilización eficiente de los fondos públicos”

El mismo informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas señala de tres confesiones minoritarias, entre ellas la CIE, que “la falta de correlación entre las ayudas concedidas y los programas concretos en los que se debía materializar, así como la falta de adaptación de los presupuestos a las actividades realmente desarrolladas… no permite especificar con precisión las actividades realizadas y su relación directa con los justificantes de los gastos aportados” 

En fin, dinero público para un entidad con más claroscuros que luces a la que la Ciudad continúa engordando con subvenciones para proyectos etéreos sin beneficio ni fin social, donde “la integración social para la población marginal y el desarrollo de actividades de integración de la mujer en el movimiento social, cultural y religioso de la mujer” bordan el pretendido fin de este presuntuoso e inútil convenio.

Por otro lado, hay que pedirle públicamente a la CIE Ceuta que clarifique y haga públicos los importes destinados a los lugares de culto que menciona el convenio, cuando de todos es sabido que el mantenimiento y conservación de los lugares de culto en Ceuta son responsabilidad de Marruecos, incluida la nómina de los imames.

Sería interesante también que el responsable de la CIE en Ceuta explique a la opinión pública qué hace con esos 95.000 euros, cuántos destina a su salario y cuánto deriva a CIE nacional, así como cuánto deriva CIE nacional al resto de las federaciones que componen sus junta directiva y su comisión permanente.  Pero nadie dirá nada, porque no interesa decir nada, es lo habitual en una organización que nunca supo –ni quiso entender- lo que significa la palabra “Transparencia”.

Deberán ser los jueces quienes digan porque los políticos ni saben ver ni quieren hacerlo. Para ellos un mísero e hipotético apoyo electoral puede más que cualquier realidad, aunque la misma se presente como verdad incuestionable.

El convenio no es más que una excusa camuflada para satisfacer los intereses de una organización que en sus 30 años de gestión de asuntos musulmanes solo ha dejado desolación y retroceso.

ACOHACE

Asociación de Consumidores Halal Ceuta