El debate electoral donde confrontar propuestas y comparar programas es algo tan consustancial al proceso que se está desarrollando, que la Junta Electoral ha de zanjar de una vez, primero los "jueguecitos" de PP y PSOE, "sólo tú y yo", en versión Juan Vivas o el "ahora no, porque no cesas o dimite tu número tres", en versión Juan Gutiérrez. El toma y daca habitual y con intereses de despiste.

La auténtica verdad es que ni uno ni otro, ni Vivas ni Gutiérrez, quieren saltar a la arena política del debate porque ambos tienen muchas cosas que guardar y a ninguno de los dos le interesa "descubrir" sus vergüenzas. De ahí que la Junta Electoral haya de intervenir para romper esta trama de protección que PP y PSOE se han marcado como un "cortafuegos" para impedir a otras opciones políticas que les pidan explicaciones o tengan que justificar sus comportamientos en los últimos cuatro años a nivel público.

No se puede permitir, desde el órgano que tutela y preserva la neutralidad electoral, que las voces que reclaman la celebración de un debate de los ocho partidos que concurren a las elecciones, sea silenciada o PP y PSOE marquen las reglas o impongan una pauta de exclusión con las que se ha de dirimir un debate político que habría de ser clarificador para el ciudadano.

La Junta Electoral está en el foco de una maniobra de trileros que llevan, como tantas otras veces, PP y PSOE, mientras MDyC, Ceuta Ya, Ciudadanos, Podemos y Libre, reclaman con insistencia un debate abierto, tan legítimo como necesario y terapéutico, políticamente hablando.

A cuarenta y ocho horas del cierre de la campaña, se impone con urgencia la intervención directa de la Junta Electoral para fijar las normas para un debate a ocho, como ha sucedido en la televisión autonómica de Madrid, tanto con los candidatos a la Comunidad como a la alcaldía.

Si queremos igualdad a otras Comunidades Autónomas, no seamos tan cicateros, acomodaticios para adaptar ahora a los intereses de PP y PSOE la celebración de un debate abierto que, a lo que parece, no les interesa en absoluto. Por ello, la Junta Electoral ha de propiciarlo por respeto a la democracia y a los electores. No se puede hurtar a los votantes la posibilidad de conocer en vivo y en directo qué proponen unos y otros.

Evitar esta confrontación electoral podría interpretarse como una forma de adulteración condicionada de una apertura tan justa como necesaria y, además, demandada por todos los partidos, menos PP y PSOE. La Junta Electoral ha de impedir que el proceso que se sigue en Ceuta quede huérfano de tan clarificador mecanismo para el mejor desarrollo de la decisión en las urnas. Es obligado conocer qué propone cada partido y cómo defiende sus propuestas. No celebrar el tan solicitado debate es "favorecer", deliberadamente a PP y PSOE, con el componente de fractura democrática y ocultación de los programas. Silenciar la voz de ocho partidos sin celebrar un debate abierto es una forma de sancionar la libertad del elector y acomodarse a los intereses del bipartidismo.