La herencia de algunas sociedades municipales para el nuevo gobierno que salga de las urnas el 28 de mayo va a ser un "caramelo envenenado", consecuencia de las malas gestiones de sus responsables, cuyas daTOS muestran en los últimos meses absoluta incapacidad para los puestos a dedo para los que fueron designados por Juan Vivas.

En esta precampaña electoral, ningún partido ha afrontado el dispendio económico que se viene produciendo en este sector público empresarial y las millonarias cantidades que se desembolsan de dinero público en acuerdos extrajudiciales por el gran cúmulo de demandas.

La gestión al frente de la televisión pública está siendo desastrosa. El director, Manuel González, según un informe sindical, anuló el pago de horas "extras" a los trabajadores en el último trimestre del pasado ejercicio ante el estupor de los empleados públicos (pese a aumentar el presupuesto de esta sociedad municipal y subirse el sueldo el director hasta los 85.000 euros), compensando los trabajos "extra" con días de descanso. La gestión económica se vio afectada con la disminución de algunas retransmisiones que habían sido habituales, cuentan representantes de los trabajadores.

La dinámica de gestión no ha podido ser peor: tres trabajadores presentaron cuatro demandas en el Juzgado de los Social contra el ente público por diversas razones.

Un trabajador que solicitó hasta en tres ocasiones previas (sin obtener respuesta salvo en la última de ellas), continuar en la empresa y prorrogar su vinculación laboral, ateniéndose al derecho que le otorgaba su contrato de personal laboral fijo de carácter indefinido. Caso omiso a la petición y se denegó su continuidad RTVCE porque el Consejo de Administración había decidido no aceptar su continuidad bajo el concepto de jubilación demorada, posibilidad que el Gobierno de la nación tanto ha promovido a nivel nacional para aminorar el gasto en pensiones a cargo de la Seguridad Social.

Un supuesto informe "técnico" amparaba la decisión que, en ningún caso, ha contemplado hasta ahora el área de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta en idénticas condiciones para la personal laboral fijo de carácter indefinido. Esta actuación supuso una demanda por vulneración de derechos, presentada en septiembre y tras la baja en la Seguridad Social; otra por despido improcedente con readmisión o indemnización de 100.000 euros más 6.000 euros por daños y perjuicios. El procedimiento judicial siguió adelante porque no hubo avenencia en el acto de conciliación previo a ir a juicio.

No acaba aquí la situación de conflicto laboral al que habrá de hacer frente el director de RTVCE: dos colaboradoras que, hasta ahora venían desempeñando labores de carácter estructural y que, por la nueva Reforma Laboral habían de regularizar su situación, se han visto afectadas en sus derechos y han demandado también a la televisión pública, que ha podido utilizarlas a nivel laboral como falsas autónomas, lo que pudiera derivar en responsabilidad por el carácter fraudulento de su vínculo de trabajo con la empresa municipal. Tampoco hubo avenencia en el acto de conciliación que se produjo previo al señalamiento de juicio en el ámbito del Juzgado de lo Social.

No sólo es la televisión pública donde hay fiasco de gestión: Emvicesa con el macro juicio previsto para finales de noviembre (si no se suspende antes por alguna razón) es un vivo ejemplo de corrupción política a gran nivel, donde se ha manejado la adjudicación de viviendas sociales de manera torticera y frívola con listas "fantasmas" y denuncias de Susana Román exconsejera de Fomento contra su excompañera, Kissy Chandiramani, aunque no acaban ahí los desmanes políticos, ya que el Hotel Puerta de África es un pozo sin fondo en cuanto a estipendio económico sin freno del dinero público, "inyectando" millón tras millón de euros, para mantener una ruina económica y de gestión tan escandalosa como inútil.

En Amgevicesa con los informes "amañados" que se realizan y que despiertan tanta polémica acerca de cómo es el comportamiento de los trabajadores, es otro foco de conflicto, sin olvidarnos de Acemsa y esa gestión oscura con facturaciones escandalosas que no se cobran, además de conllevar adjudicaciones unidireccionales en materia de contratación de obras.

Las sociedades municipales requieren auditorias urgentes con ceses inmediatos que clarifiquen las gestiones y se den datos, asumiendo responsabilidades por el desvarío del dinero público bajo un descontrol escandaloso.