Vivimos en un tiempo donde la alusión a la existencia de la separación de poderes como virtud del sistema democrático ha quedado reducida a un mero eslogan político.

En su esfuerzo por aparentar la normalidad -diríamos mejor esconder la realidad- el abuso de poder y la corrupción se manifiestan, entre otras señales, cuando la comunicación presenta signos evidentes de que el mensaje ha quedado destruído por la importancia del medio. La manipulación del medio si no su control ha sido desde siempre una estrategia de la tiranía y -eso unido a la codicia del empresario- es la clave para el sometimiento del canal de comunicación a la voluntad del poder ejecutivo. 

Convertido en propaganda, el mensaje se convierte en mera manipulación emocional. La trasmisión de cualquier idea de normalidad y de buena salud democrática en forma de alusión a la existencia en España de una auténtica separación de los poderes del Estado es la argucia tras la que se esconde la intención del opresor, el ocultamiento de una realidad en la que el control del sistema judicial se sustancia para beneficio de intereses partidistas.

Es antiguo, existe desde los orígenes de la humanidad, viaja con nosotros en el tiempo, desde siempre; se trata de ejercer el control sobre los demás mediante la aniquilación de su voluntad, voluntad que se moldea y manipula a través del mensaje y el control de los medios de comunicación. Y en este contexto la aspiración intrínsecamente humana de alcanzar la justicia, como principio y como virtud que surge del derecho, se pervierte por el interés del poderoso de lograr la impunidad.

La convivencia de los humanos es posible gracias a las normas (fruto de su inteligencia) y el cumplimiento de las normas es la forma de garantizar la vida en sociedad; la justicia se consigue mediante la aplicación de la ley y si la ley (derecho positivo) no se cumple entonces se impone. Es sencillo y todo el mundo lo entiende: Dura Lex, Sed Lex. Pero si los principios y la Ley fueron revelados por Dios (a Moisés quien la escribió en las tablas) entonces la vanidad y el procedimiento fueron dados por el diablo.

Asistimos con mudez a la paralización de la justicia debido a las huelgas de los funcionarios y ahora también a la que se anuncia de jueces y fiscales. Error de los jueces que mancillan su poder subsumiéndolo al poder ejecutivo por unas cuantas monedas. Huelgas y paros sumarán tiempo de espera a las personas que demandan la resolución de sus expedientes, ya de por sí afectados por la falta de medios de la justicia y la lentitud de los procedimientos. 

No nos debe sorprender, pues en la confusión que provocan las debilidades humanas, la insatisfacción de los egos es un mal que se nos manifiesta últimamente en el mundo judicial en forma de bochornoso espectáculo de lucha por el control de sus órganos de gobierno (vease la renovación del Consejo General del Poder Judicial) o de los altos tribunales (renovación del Tribunal Constitucional) y también -que no se nos olvide- en las puertas giratorias. Jueces políticos y políticos jueces que entran y salen de la carrera judicial a la política y viceversa. Pero ¿Qué clase de justicia es la que permite exponer así a sus magistrados? ¿Cómo se garantiza la imparcialidad cuando el juzgador ha expuesto públicamente sus sesgos? En España la justicia la imparten dos clases de jueces, los que aún creen en la justicia y los que hace tiempo que dejaron de creer en ella y pese a esto, la justicia siempre termina en el perfil psicosocial del juzgador exento de responsabilidad.

Recientemente se han celebrado unas "jornadas jurídicas" que más parecieran la pasarela de las vanidades (¿e influencias?) en la que afamados (y aclamados) letrados y políticos han tenido la ocasión de retratarse juntos por nuestra ciudad y a buen seguro que han aprovechado para hablar de deontología, de actitudes y aptitudes y del estado de salud de la justicia aquí y en el resto del país. Estoy convencido -por no decir sé- que entre el colectivo judicial se ha comentado que el funcionamiento de la justicia no interesa, que no se puede presumir de justicia cuando el procedimiento anula la producción y que, problemas funcionariales a un lado, cuando el transcurso del tiempo se mide en lustros y los procesos se alargan ad infinitum (en algunos casos 20 años) no se puede hablar de una verdadera justicia.

La dilación más allá de lo razonable en cuestiones de interés para el pueblo como el encarcelamiento preventivo de líderes políticos (caso Javier Guerrero) o el retraso de procesos que afectan a la gestión del gobierno con imputados que sufren la denominada pena de banquillo -por dejar pasar "un tiempo prudencial" como en el caso EMVICESA- amén de otros enredos no terminan de resolverse y causan alarma social sin que nadie asuma la responsabilidad.

Según dice la Constitución la justicia emana del pueblo, pero se administra por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Por eso como ciudadanos estamos obligados a exigirles, no ya porque pagamos su sueldo, sino porque de ellos depende la trascendente misión de cuidar la salud de las instituciones y de los poderes públicos para las generaciones venideras; y, también, a recordarles que debemos dejar nuestra huella en el presente para conseguir un mundo mejor y que esto sólo se puede conseguir garantizando la libertad y venciendo a la opresión y a la injusticia con una verdadera separación de poderes que garantice la independencia judicial, tal y como se escribió 275 años atrás.